El prefecto Bonnet admite haber estado al tanto del incendio intencionado en Córcega

Bernard Bonnet, el ya ex prefecto de Córcega, admitió ayer que "estaba al corriente" del incendio intencionado de un chiringuito ilegal por parte de unos gendarmes la noche del 19 al 20 de abril, pero siguió negando haber dado la orden de cometer el delito. Todos los datos parecen indicar que Bonnet se ha visto implicado por las declaraciones voluntarias ante el juez Patrice Camberou de Bertrand Cavalier, militar y antiguo hombre de confianza de Bonnet, quien acudió en su día a la prefectura para denunciar ante su superior lo que se estaba tramando.

Bonnet le pidió a Cavalier que no se entrometiese en lo que no era asunto suyo. Pocos días después ardía Chez Francis, el chiringuito de cala Orzu, en Ajaccio, la capital de Córcega. Previsiblemente Bonnet, que está detenido en la base militar de Aspretto, habrá visto la pasada noche cómo el juez instructor le anunciaba su procesamiento y cómo dictaba su encarcelamiento, muy probablemente en París. No obstante, su abogado, Georges Kiejman negó ayer las filtraciones judiciales según las cuales habría reconocido tener noticia del atentado.La confesión de Bonnet aceptando haber estado "asociado" a un delito, cuyo objetivo aún no ha sido precisado -se manejan las hipótesis de guerra de policías, voluntad de inculpar a una fracción del nacionalismo, deseo de ganarse un confidente o la aplicación de una suerte de "justicia directa"-, relanza el debate sobre la responsabilidad política del Gobierno del primer ministro Lionel Jospin. Un muy convincente Jospin había dejado claro el martes, ante las cámaras de televisión, que dicha responsabilidad acababa en el prefecto. Pero Bonnet ahora ya no parece tan sólo alguien que "cubría" los desmanes de sus subordinados, sino el cerebro de los desaguisados. Si la iniciativa era estrictamente corsa y autónoma o gozaba de respaldo en París, eso es algo que los jueces deberan averiguar.

Disfunciones y mala gestión

La oposición conservadora, que inicialmente pidió la dimisión de Lionel Jospin y trató de mentirosos al primer ministro y a Jean-Pierre Chevènement, titular de Interior, y Alain Richard, ministro de Defensa, había optado por seguir consignas provinientes del Elíseo, que aconsejaban no personalizar el debate y evitar una moción de censura que reagruparía a la "izquierda plural". Chirac quería que sólo se pusiesen de relieve las disfunciones del Estado, la mala gestión y el escaso control del Gobierno sobre la maquinaria represiva, burocrática o de servicios.En la Asamblea Nacional y ante la prensa, Chevènement desveló el martes una carta de Bonnet en la que este afirma: "Señor ministro, le confirmó solemnemente lo que mantuve en su despacho el pasado 27 de abril. Afirmo por mi honor que ignoraba que los gendarmes de los GPS [Grupos de Pelotones de Seguridad] o de otras unidades estuviesen en misión la noche del 19 al 20". La posterior confesión de Bonnet deja mal parada la perspicacia del ministro y de todo el Gobierno.

La rapidez con que el Ejecutivo ha querido resolver el asunto sale también mal librada de la confesión del ex prefecto. La oposición reclama una comisión parlamentaria para investigar los GPS, ese cuerpo de élite de la gendarmería especialmente inventado para Córcega. La comisión, de llegar a existir, podrá mantener viva la cuestión durante meses.

Y las palabras de Bonnet tapan también la rapidez de un nombramiento, con la llegada a la isla de un nuevo prefecto, Jean-Pierre Lacroix, de 56 años. Sus declaraciones apaciguadoras -afirmando que se propone "mantener el Estado de derecho pero con los corsos" y reclamando "diálogo", preocupación por el "desarrollo económico" y por "encontrar buenos guías" que le ayuden "a conocer Córcega y los corsos"-, se han perdido en medio del escándalo desatado por su antecesor.

Bernard Bonnet será el primer prefecto encarcelado que conoce Francia desde 1944, año en que fueron a parar entre rejas algunos de los altos funcionarios que habían colaborado con el ocupante nazi.