El instructor del 'caso Zamora' ordena investigar a Ortiz en un proceso aparte

El magistrado instructor del Tribunal Supremo para el caso Zamora, José Antonio Martín Pallín, ha ordenado al juzgado de Zamora que incoe diligencias previas para investigar si el diputado del PP Luis Ortiz se benefició de una recalificación irregular de terrenos. El instructor, sin embargo, ha desestimado la imputación de Luis Ortiz dentro del caso Zamora, lo que, unido a la renuncia de José Manuel Peñalosa y Dionisio García Carnero a sus escaños, deja la causa sin aforados y a punto de ser remitida a un juez de Zamora.

El instructor se limitó ayer a desestimar la petición de la acción popular para que Luis Ortiz declarase como imputado en el caso Zamora, sobre presunta financiación ilegal del PP, lo que mantendría la causa en el Tribunal Supremo pese a la renuncia de dos parlamentarios populares a sus escaños. Sin embargo, la decisión conlleva en la práctica que el Supremo decline su jurisdicción en favor de un juez de Zamora, al no quedar ya aforados imputados en el proceso. Sin embargo, la decisión sobre la competencia no corresponde al instructor, sino a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.Sin embargo, el diputado del PP Luis Ortiz deberá ser investigado en Zamora, al haber acordado el instructor, de acuerdo con el fiscal Anticorrupción, que se incoen diligencias previas sobre su participación en una recalificación de terrenos supuestamente irregular.

Martín Pallín fundamenta su negativa a imputar a Ortiz en el caso Zamora en que se debe soslayar en lo posible la acumulación de hechos que no guarden una estricta e indisoluble conexión con los que inicialmente están siendo investigados, para "evitar la formación de una causa general de perfiles inciertos y difuminados".

Se refiere después a la declaración del constructor Antonio Sangregorio en el Supremo, en la que éste atribuyó a Ortiz la promesa de ayudarle a superar una deuda económica de 20 millones de pesetas si declaraba ante un notario que él nunca había dado dinero para la campaña de Aznar a la Junta de Castilla y León. Sangregorio se desdijo del acta notarial ante el Supremo y aseguró haber entregado un millón de pesetas a otro constructor, César Martínez Omaña para la campaña de Aznar.

Martín Pallín alaba el "amplio, detallado y fundado informe" del fiscal Anticorrupción y de acuerdo con éste, considera que la falsedad de acta notarial está despenalizada.

Analiza después la declaración del testigo Luis Rodríguez Sanleón, concejal del CDS de Zamora, quien relató la intervención de Ortiz en una recalificación de terrenos para convertirlos en edificables y a la forma en que pudo haber sido concedida la licencia por un concejal del Ayuntamiento de Zamora. Para el instructor esos hechos están "absolutamente desconectados" de los que constituyen el objeto del caso Zamora, ya que no están comprendidos en la querella ni en la denuncia del ministerio fiscal, por lo que su tratamiento conjunto sería "perturbador".

Sin embargo, agrega que los hechos que se refieren a la recalificación irregular, pese a estar desconectados del caso Zamora, aparecen "complementados y mucho más perfilados" en una sentencia del Tribunal Supremo a la que se refirió el fiscal Anticorrupción en su informe.

La sentencia, del año 1993 y de la que fue ponente el entonces magistrado de la Sala Segunda Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, declaró que hubo "una calificación urbanística irregular" con "iniciación de obras sin licencia" y con una recalificación de terrenos aprobada por los concejales del PP en Zamora , partido del que Luis Ortiz era senador en ese momento. Ortiz fue accionista de las empresas que urbanizaron el polígono recalificado y que eran propietarias de terrenos dentro del polígono.

A la vista de tal sentencia, Martín Pallín ordena remitir estas actuaciones al juzgado decano de Zamora para que incoe diligencias previas y realice las averiguaciones indispensables para esclarecer los hechos. Si en el curso de las investigaciones aparecen indicios de responsabilidad de Ortiz y éste sigue aforado, será el momento de que el Supremo se haga cargo de las actuaciones "en un proceso independiente".