El fiscal medioambiental de Cádiz culpa a los ecologistas de obstaculizar su labor
,Los ecologistas obstaculizan la labor del Fiscal para delitos ecológicos de la provincia de Cádiz por su práctica habitual de "penalizar y judicializar" los problemas que afectan al medio ambiente. Quien esto afirma en la Memoria anual de la Fiscalía de Cádiz es José María Suárez Varela, quien hasta hace unos meses fue el fiscal para delitos ecológicos. En su informe, asumido en el documento que recoge globalmente lo más destacado del trabajo del Ministerio Público durante 1998, Suárez advierte de que tiene que desarrollar "una ardua labor" debido a la tendencia de los ecologistas de acudir a esta institución para denunciar presuntos delitos. El redactor de ese apartado de la Memoria de la Fiscalía entiende que la acción de estos colectivos provoca una sobrecarga de trabajo: "La intervención de la Fiscalía (...) debe deslindar lo que sólo constituye infracción de disposiciones reglamentarias tendentes a evitar la contaminación o el peligro de incendio (...) de los hechos que además pueden tipificarse como delitos ecológicos o atentatorios contra el medio ambiente". Suárez cuestiona, por otra parte, la eficacia de un modelo de protección ecológica basado en acciones punitivas. "Un sistema de protección del Medio Ambiente basado en sanciones penales está condenado al fracaso", dice el fiscal, quien sostiene que la solución pasa por "la educación de la ciudadanía". Ecologistas en Acción no ha ahorrado críticas a las consideraciones del fiscal. "Como colectivo no podemos dejar de mostrar nuestro disgusto e incluso nuestra indignación. No comprendemos como se puede decir eso", dijo Lola Illescas, portavoz del colectivo, quien reta al autor del informe "a que señale un solo caso en el que hayamos entorpecido su labor" que es, por otra parte, según los ecologistas, "lamentablemente desconocida". Illescas recuerda que la labor del fiscal es "recoger las quejas de los ciudadanos, aunque es una pena que nuestras denuncias no sirvan para sus investigaciones". Este colectivo sostiene que cada vez que acude al fiscal lo hace "conociendo que es delito, con certeza". Así, la portavoz ecologista lamenta que el fiscal no haya actuado en casos como el del vertido de gasoil del buque Americano JP Bobo en la Bahía de Cádiz en noviembre de 1997 o sobre las denuncias por un complejo turístico en Sanlúcar.
