Mercado impuesto

El agua, como se recoge en el preámbulo de la Ley de Aguas vigente, es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades económicas. Pero además, el agua es un activo social, que se instrumentaliza por los poderes públicos para la aplicación de las distintas políticas públicas coadyuvando a hacer efectivos el equilibrio territorial, el reparto social de la riqueza y la preservación del patrimonio medioambiental. La evolución de la visión social ante los problemas del agua en nuestro país, en la década actual, ha sido similar a los países de nuestro entorno. Los posicionamientos han venido marcados por las distintas tendencias ideológicas e intereses sectoriales y territoriales, si bien hay ciertas verdades indiscutibles a las puertas del siglo XXI. El agua tiene que satisfacer un conjunto de funciones ambientales y sociales que depende de un contexto determinado. En este sentido, y en el caso español, no se puede demorar por más tiempo el hecho de abordar con profundidad el tema del agua, a través de la ejecución de una nueva política hidráulica que responda a las demandas de la sociedad actual y que sea el fruto de la comprensión de una gran masa de la población. Sin entrar a señalar la variada gama de conflictos que surgen y crecen en torno al agua, hay que destacar que las tensiones sociales y territoriales se acentúan en época de sequía o escasez de recursos hasta hacerse insoportables. Con el fin de aportar un nuevo marco normativo como vía de solución, el Gobierno ha redactado un proyecto de ley que modifica la Ley de Aguas de 1985. Usando como modelo el caso de California, el Gobierno pretende implantar un sistema de mercado como forma de reasignar los recursos de la manera más eficiente ante situaciones de crisis, ya sean en zonas de escasez de recursos o castigados por la sequía meteorológica. Conviene precisar que la experiencia californiana, a diferencia de lo propuesto por el Gobierno, se plantea la introducción de un mercado, fuertemente intervenido por la Administración, como medida subsidiaria tras haber ejecutado toda una batería de actuaciones previas: ahorro en regadío mediante la mejora de la eficiencia, planes de ahorro de agua en industria, planes de optimización de la gestión en las ciudades... por citar las más significativas. De la lectura del borrador del proyecto de ley del Gobierno se desprende que dista mucho del modelo californiano. En nuestro caso no se han agotado, ni mucho menos se han puesto en marcha, todas las medidas alternativas tendentes a lograr la optimización en la asignación de recursos, más bien parece que se ha abusado del mito del liberalismo americano como pretexto para privatizar las aguas. Ante este panorama, toca ahora hacer un somero análisis del diseño del mercado del agua propuesto por el Gobierno. A través del mismo no se garantizan los intereses de terceros que son ajenos al uso directo del recurso pero son satélites productivos del agua (ventas de semillas, salarios agrarios, transportes de mercancías...). Las pérdidas o deterioros económicos y ambientales en las zonas donantes pueden ser de carácter irreversible. Tampoco se garantiza que no se produzcan abusos de los propietarios de grandes extensiones de las zonas regables frente a los pequeños y medianos agricultores para los que el agua significa su sustento económico vital, precisamente en épocas en que la escasez del recurso va a elevar su precio según los dictados del mercado. Además, en todo este entramado del agua los usos ecológicos no están preservados, nadie los defiende. Para evitar estos hechos, entre otras causas, el Estado de California optó por un mercado fuertemente intervenido. Bien está aprender de experiencias ajenas. En el caso que nos ocupa se rompe además, a través de esta modificación legislativa, con una larga trayectoria jurídico-administrativa que culminó con la declaración de todas las aguas como públicas en la Ley de 1985, sometiéndolas por tanto al control de las administraciones públicas. El efecto perverso del mercado del agua es muy simple, se potencia que el dominio público, que por naturaleza no tiene precio, sea utilizado por particulares con criterio de mercado, obteniendo así un rendimiento económico que puede ir en detrimento de terceros y del medio ambiente. La postura que defiende el Gobierno en el Libro Blanco del Agua es impulsar la adopción de grandes acuerdos sociales como vía de solución a la problemática hídrico. Puesto que la idea del mercado del agua irrumpe en un panorama en el que el propio Gobierno auspicia la participación social y la concertación, no se entiende cómo va a remitirse a las Cortes con la oposición del principal partido de la oposición y de organizaciones tan implicadas en la materia como COAG, UPA, CAVE, Amigos de la Tierra, UGT, CC OO... Debe ampliarse el debate por el bien de todos. Aunque no pueden hacerse esperar más los cambios en la política hidráulica, no parece lo más acertado institucionalizar el mercado del agua en los términos y formas acordados por el Gobierno. La polémica está servida. El Gobierno tiene la última palabra.

Jaime Palop Piqueras es ingeniero y Francisco Casero Rodríguez es presidente del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.