Zaplana rescata un modelo de financiación que pretende detener las exigencias nacionalistas

Eduardo Zaplana dibujó el pasado lunes en la Bolsa de Valencia las líneas generales de un sistema de financiación autonómica que pretende ser definitivo. La cesión de la gestión de los impuestos sobre el consumo a los gobiernos regionales está en el candelero desde que se elaboró el primer libro blanco de financiación autonómica en 1991, pero la gran novedad es que un dirigente del PP asuma ese discurso como propio. Zaplana ha embarcado al PP en un discurso autonomista desconocido hasta la fecha y ha atraído sobre sí el foco de atención con una propuesta extemporánea.

El actual modelo de financiación está vigente hasta el año 2001, pero el presidente de la Generalitat afronta una reválida el próximo mes de junio y ha demostrado gran olfato al lanzar su propuesta. Zaplana reitera que sólo ha formulado una propuesta de debate, pero persigue sumar intereses para cerrar una puerta abierta a la reivindicación permanente de parte de los partidos nacionalistas. Las elecciones catalanas están previstas para el próximo otoño y la iniciativa de Zaplana constituye una contraoferta previa a las reivindicaciones que formularán los nacionalistas catalanes en la próxima campaña. Fuentes del PP confirman que la propuesta cuenta con todas las bendiciones del Gobierno central y pretende centrar el futuro debate sobre financiación autonómica, que Pujol aireará en otoño. El actual modelo de financiación, pactado para el quinquenio entre 1997 y el año 2001, cede a las comunidades autónomas un 30% de la recaudación del IRPF en sus respectivos territorios y la totalidad de la recaudación correspondiente a transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados o tasas sobre el juego, de menor importancia absoluta. La cesión de un tercio del IRPF, un impuesto progresivo, beneficia a las comunidades más ricas, donde se concentran la gran mayoría de los domicilios fiscales de los contribuyentes más poderosos. La exigencia de la cesión de impuestos que gravan el consumo, como es el caso de los impuestos especiales sobre hidrocarburos, sobre la matriculación de vehículos o sobre las labores del tabaco, por un lado; y del IVA que se aplica a ciertos suministros esenciales como pueden ser el agua, el gas, la electricidad o la factura de teléfono, permite configurar un sistema de financiación más próximo a la realidad económica de cada territorio, incluso más solidario, puesto que el consumo se distribuye de una forma más homogénea que la renta. La Comunidad Valenciana, que recibe hasta 13 millones de visitantes al año en razón de sus atractivos turísticos, resultaría claramente beneficiada con la cesión de los impuestos sobre el consumo. Los catalanes también han incorporado la cesta de impuestos a las exigencias que han avanzado que plantearán cuando se revise el nuevo modelo de financiación. Jordi Pujol se apresuró a celebrar la iniciativa del presidente valenciano, pero los matices entre las dos propuestas son claramente divergentes. Desde su condición de nacionalista, Pujol plantea reivindicaciones exclusivas para Cataluña. Los catalanes, que concentran rentas muy altas con relación al resto del Estado, sugieren ampliar hasta el 60% su participación en el IRPF. Comparten la exigencia del total de la recaudación por matriculación de vehículos y por impuestos especiales sobre hidrocarburos, tabacos o alcohol. Piden el 50% del IVA y del impuesto de sociedades, apuestan por ampliar su capacidad normativa sobre los impuestos cedidos y, sobre todo, exigen el traspaso de la Agencia Tributaria para asumir totalmente la responsabilidad ejecutiva sobre la recaudación de impuestos. Zaplana plantea ampliar la cooperación con la Agencia Estatal Tributaria para lograr una mayor integración y coordinación en la gestión de los impuestos. El presidente valenciano insiste en las repercusiones positivas que tendría la colaboración para combatir el fraude. Varios expertos aluden a la economía de escala que supone centralizar la recaudación en una sola agencia. La Junta de Andalucía planteó un modelo similar en 1996. Aurelio Martínez, último consejero de Hacienda de Joan Lerma, defendió ante la ponencia del Senado que trabajaba sobre financiación autonómica en marzo de 1995 una iniciativa casi idéntica a la que ha planteado Zaplana. Los socialistas extremeños y castellano manchegos se opusieron entonces a la propuesta. Zaplana se ha limitado a beber de fuentes conocidas, pero sí ha logrado lanzar una carga de profundidad que podría dinamitar la reivindicación permanente que caracteriza el discurso nacionalista.