Aznar ratifica la querella contra uno de los denunciantes del "caso Zamora"

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, José María Aznar, ratificó ayer, mediante un poder especial, la querella contra el constructor zamorano Eduardo Corrales por los supuestos delitos de injurias y calumnias. Aznar ratificó la querella sin comparecer personalmente ante el juez de Zamora, mediante un poder especial entregado por el abogado Juan Ramón Montero en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3. Es la primera vez que un presidente del Ejecutivo se querella contra un ciudadano.

La querella contra el constructor Eduardo Corrales fue interpuesta el 25 de marzo de 1997 por el coordinador general del partido, a la sazón Ángel Acebes, ante lo que consideró "falsas e infundadas imputaciones vertidas contra el PP y su presidente nacional, que suponían un flagrante atentado contra el honor y el prestigio de éstos".Sin embargo, la Audiencia de Zamora determinó que ni el PP ni Acebes estaban legitimados para ejercitar esa acción penal en defensa del honor de Aznar, por cuanto el único ofendido y legitimado era el jefe del Gobierno. Por tanto, la Audiencia estableció que la querella del PP fuese ratificada por Aznar "personalmente o por los mecanismos legales de apoderamiento previstos en Derecho".

El abogado del PP Juan Ramón Montero Estévez fue el encargado de desplazarse ayer a Zamora para ese acto, junto al abogado y el procurador locales que defienden los intereses del PP en este caso. Precisamente ayer se cumplían los 15 días naturales de plazo notificados por el magistrado instructor de esta causa, Jesús Pérez Serna, para la ratificación de la querella, aunque fuentes jurídicas consideraban que existía plazo hábil hasta el 5 de mayo. Montero es el abogado que representó al PP en el caso Filesa y que argumentó entonces que el Supremo debía mantener su competencia aunque dimitieran los parlamentarios aforados del PSOE. En el caso Zamora, en el que defiende al ex senador Dionisio García Carnero, fue el encargado de notificar al Supremo que los dos aforados del PP renunciaban a sus escaños para que el caso fuese a Zamora.

En marzo de 1997 Corrales declaró ante la Fiscalía de Zamora que tuvo conocimiento de que tres constructores zamoranos, César Martínez Omaña, Antonio Sangregorio y Miguel Vecino, entre abril y mayo de 1987 y en el hotel Olid-Meliá de Valladolid, habían entregado un cheque de tres millones de pesetas al entonces candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Junta de Castilla y León, y que éste les habría dicho que aquel dinero se multiplicaría por 100 en el futuro. Sangregorio ratificó esta versión ante el Tribunal Supremo, precisando que él entregó un millón de pesetas para la campaña de Aznar, aunque no directamente a éste.

Matías Prieto Jambrina, abogado de Corrales, considera que el criterio procesal sería volver al inicio de los acontecimientos, que comenzaron con una demanda de conciliación previa a la querella. Prieto señaló que "no es normal en este país que un presidente del Gobierno se querelle contra un ciudadano", aunque apuntó: "Desde el punto de vista jurídico ejercita su derecho, pero no quiero entrar en el coste político que le puede causar este acto".

El letrado recordó que su cliente se limitó a relatar unos hechos de los que había tenido conocimiento en el entorno de sus compañeros, que además ahora están ratificados ante el Supremo por uno de los afectados.

El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, aludió al caso Zamora anoche en Medina del Campo: "Ni la AP de 1987 ni el PP de 1999 creo que puedan enseñar cuentas claras, porque me fijo en lo que gastan y no me salen las sumas", informa .