La protección del marjal de Pego que dictó el Consell hace tres años expira en siete días

Las transformaciones agrícolas, que masacran el parque natural de Pego-Oliva desde hace años pese a la prohibición expresa del Consell dictada el 7 de mayo de 1996, pasarán a estar administrativamente consentidas en siete días. Las medidas cautelares dictadas por el Gobierno valenciano, "vigentes hasta la aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales [PORN]", de ningún modo podían "extenderse más allá de tres años". Ante la pasividad del Consell, sólo la orden de una juez de Dénia impide de derecho, aunque no en la práctica, el acoso al parque.

El parque natural del Marjal de Pego-Oliva fue oficialmente declarado como espacio protegido a nivel autonómico en enero de 1995. Sin embargo, la ley estatal de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, aprobada por el Congreso en 1989, obliga a las administraciones a elaborar los planes de ordenación que regulen las actividades permitidas en cada uno de estos hábitats. Una obligación recogida en la ley autonómica de Espacios Naturales Protegidos aprobada en diciembre de 1994. En la actualidad, cada vez que el Consell ha decidido proteger un enclave natural, antes de aprobar el decreto de creación del parque, ha elaborado el correspondiente PORN. Pero con varios enclaves se ha dado el caso de declarar un parque sin que se ordenara su gestión. Es el caso del marjal de Pego-Oliva, cuyo PORN han solicitado desde hace años tanto los ecologistas empeñados en su custodia como los agricultores interesados en su cultivo. Así, el Consell acordó declarar el parque hace cuatro años, y uno después, en vistas de las dificultades para establecer una zonificación que limitara las actividades permitidas, estipuló unas medidas de protección cautelar. Éstas, de carácter provisional (un máximo de tres años), estarían vigentes hasta que el Consell aprobara el PORN definitivo. Sin embargo, la protección administrativa caduca en siete días y el Consell ha dejado expirar el plazo mientras el alcalde de Pego, el ex regionalista Carlos Pascual, y sus acólitos, desecaban y roturaban impunemente el espacio protegido para consolidar la transformación de un humedal de alto valor ecológico (tanto por su escasa representación en estado virgen en la Comunidad Valenciana como por la presencia de valiosas especies protegidas) en campos de lechugas y alcachofas o en cultivos de arroz. El desafío de los agricultores de Pego al poder legislativo, empeñados en desecar el hábitat, pasará a estar administrativamente consentido en una semana. Sin embargo, sus atentados (el último, la desecación de las lagunas del parque, que desde hace décadas han permanecido inundadas) seguirán infringiendo el mandato de otro poder, el judicial. La titular del juzgado de instrucción número 2 de Dénia, que investiga la destrucción del enclave protegido y que ha imputado a Pascual y al edil del PP José Orihuel tres delitos (contra el medio ambiente, prevaricación y agresión al director del parque, Vicente Urios), dictó el 14 de marzo de 1997 un auto en el que se prohibía toda transformación. En esta situación de indefensión, que se agravará la semana que viene, persisten las demandas de los ecologistas y de los grupos de la oposición para que el Consell apruebe el PORN definitivo. Aunque los trámites que aun quedan pendientes para que la consejería envíe al Consell el plan para su aprobación hacen que difícilmente éste pueda entrar en vigor antes de elecciones. Iniciativas socialistas El incumplimiento de esta orden judicial, dictada hace más de dos años, ha forzado al Grupo Parlamentario Socialista a pedir a la Diputación Permanente de las Cortes (órgano que representa a la Cámara en periodo de vacaciones y tras su disolución al final de la legislatura) la comparecencia del presidente del Consell, Eduardo Zaplana, para que informe sobre "la grave situación de continuos ataques que padece [el parque], las acciones llevadas a cabo para evitar su degradación y las medidas que va a tomar la Generalitat para que, de manera inmediata, se paralicen las agresiones que viene sufriendo y las actuaciones previstas para su regeneración". Asimismo, el PSPV pretende que en la reunión de la Diputación solicitada se debata y vote una propuesta de resolución en la que se recogen hasta 12 iniciativas. Entre ellas, se demanda paralizar los bombeos de agua ilegales que desangran el humedal, que se implante un sistema de vigilancia que garantice su integridad y que se agilice la compra de terrenos en las zonas de máximo valor ambiental.