El fiscal propone que Ortiz sea investigado en Zamora antes de imputarle en el Supremo

El fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, considera que, con los antecedentes acumulados hasta ahora en el caso Zamora, no existen fundamentos suficientes para citar como imputado "en este momento" al diputado del PP Luis Ortiz, tal como había solicitado el abogado de la acusación. Sin embargo, Jiménez Villarejo ha dejado una puerta abierta a una futura imputación de Ortiz por una supuesta recalificación irregular para la posterior construcción de una zona residencial en Zamora. Si de ahí se desprenden indicios de criminalidad, será el momento de plantear su imputación.

El informe del fiscal Anticorrupción de no considerar conveniente citar a Luis Ortiz ante el Supremo como imputado reduce considerablemente las posibilidades de que el caso Zamora siga en el Supremo, tras la renuncia de los dos aforados del PP a sus escaños que sustentaban la competencia del alto tribunal. Con todo, y de forma inesperada, el fiscal Anticorrupción deja una puerta abierta a la futura imputación de Ortiz. Al examinar uno de los testimonios aportados a la causa, el fiscal ha reparado en que el concejal del CDS por Zamora Luis Rodríguez Sanleón acusó a Ortiz de haber participado en una recalificación irregular. Ortiz se querelló en su día contra Sanleón (a su vez testigo en el caso Zamora) y el Supremo, al sentenciar en firme el caso en 1993, absolvió a Sanleón, pero además declaró que los hechos denunciados por él eran "esencialmente veraces".

En aquella sentencia el Supremo precisaba que, efectivamente, hubo "una calificación urbanística irregular", con "iniciación de obras sin licencia" y con una "recalificación de terrenos" aprobada por los concejales del PP en Zamora, partido del que Ortiz era senador en ese momento. El propio Ortiz fue accionista de las empresas que urbanizaron el polígono recalificado y que eran propietarias de terrenos en el polígono. Cuando Ortiz fue ministro de Obras Públicas con la UCD, se aprobó la construcción de un puente de la autovía que dio acceso directo a dicha parcela. La inmobiliaria obtuvo además una bonificación del 90% del impuesto de plusvalía que de casi 70 millones quedó reducido a 1,2.

Éstos son los hechos descritos en la sentencia que el fiscal considera deben ser investigados por el juzgado decano de Zamora. Si se concretan estos indicios de responsabilidad penal, será cuando deba replantearse la imputación de Ortiz en el Supremo.

Dinero para Aznar

Previamente, Jiménez Villarejo analiza la declaración de Antonio Sangregorio, el constructor que confesó haber entregado dinero para la campaña de Aznar. Sangregorio fue preguntado en el Supremo "por qué se retractó de haber tenido una entrevista con José María Aznar en acta notarial ante un notario de Madrid". Sangregorio explicó que al aparecer la noticia en los periódicos fueron a verle varios políticos, entre ellos José Vicente Maíllo, José Manuel Peñalosa y Luis Ortiz, que le prometieron ayudarle a salir de un bache económico de unos 20 millones de pesetas "a cambio de su silencio". El fiscal expone que la visita del diputado Ortiz a Sangregorio "descansa" en la manifestación del constructor -Ortiz no ha sido preguntado-, y añade que el relato es de una "notoria inconcreción".

Agrega que Sangregorio reconoce que cuando dio un talón de 750.000 pesetas al también constructor César Martínez Omaña "en ese momento no estaba presente el señor Aznar", y que aunque luego vio que Omaña extendía "un talón de tres millones de pesetas" él "no puede decir que se le entregase a Aznar", por más que consideró esta entrega como "un donativo espontáneo" al partido Alianza Popular.

El fiscal señala que a Ortiz no puede imputársele un delito de amenazas o de coacciones porque se limitó a incumplir una promesa de ayuda. En cuanto a la retractación de Sangregorio de sus manifestaciones en el acta notarial, el fiscal asegura que el falseamiento de la verdad por particulares en la narración de los hechos está despenalizado.