La Generalitat abre inspección de patrimonio a Pernas y a los ex altos cargos Aguiar y Huguet

El Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat ha iniciado una revisión de las declaraciones de patrimonio de los últimos cuatro años de los ex jefes de Hacienda en Barcelona José María Huguet y Ernesto de Aguiar, así como del jefe de la unidad regional, Álvaro Pernas. Los dos primeros están imputados por la juez Teresa Palacios tras conocerse que recibieron 1.000 millones de pesetas en sus cuentas suizas, una parte de cuya cantidad procede de Torras-KIO. Pernas ha sido denunciado por la propia Delegación de Hacienda ante la Fiscalía Anticorrupción por supuesto cohecho.

La revisión de las declaraciones de patrimonio se inicia después de que en los últimos días se hayan dado a conocer algunos nombres de sociedades patrimoniales y financieras ligadas a los citados altos cargos de Hacienda en Cataluña. Fuentes de la Administración autónoma catalana dicen que este tipo de inspecciones se realizan siempre que aparecen datos públicos sobre empresas o particulares que puedan tener trascendencia desde un punto de vista fiscal.

El impuesto de patrimonio debe declararse a partir de un patrimonio neto de 17 millones de pesetas. Está gravado a partir de una escala que empieza con un tipo de gravamen del 0,50%. Su impacto recaudatorio es escaso. La propia Hacienda, la Generalitat y algunos asesesores fiscales consultados coinciden en que sigue siendo más un impuesto que tiene una misión de control de las rentas que un instrumento de recaudación. Estas fuentes explican que a un patrimonio de 200 millones le corresponde pagar en torno a dos millones de pesetas.

El impuesto de patrimonio es uno de los tributos cedidos por la Administración central a las comunidades autónomas. Por eso, la inspección sobre los citados ex altos cargos de Hacienda y sobre el jefe Álvaro Pernas se realiza en colaboración con la Agencia Tributaria estatal, ya que el impuesto lo recaudan las comunidades, pero la gestión es compartida por las dos adaministraciones.

Nuevas sociedades

La inspección fiscal se produce en un momento en el que Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción disponen de información con nuevas sociedades en las que participa fundamentalmente el jefe de la unidad regional, Álvaro Pernas. Se trata de las empresas Tatisrem, que adquirió una lujosa vivienda y cuatro plazas de aparcamiento en Barcelona por valor de 47,3 millones de pesetas, según datos que ha comprobado la propia Hacienda y que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción. En Tatisrem figura como administrador Jesús García Algora, el mismo nombre que aparece en otras sociedades que Hacienda vincula al jefe de la inspección regional, Álvaro Pernas. El funcionario se encuetra apartado del cargo desde el pasado mes de marzo, cuando la Inspección de Cataluña abrió una investigación al detectar las primeras presuntas irregularidades. Otra empresa que investiga la fiscalía es Andros Trading, controlada presuntamente por testaferros para tapar el nombre de sus dueños reales.

La Fiscalía Anticorrupción también está investigando a una empresa llamada Marfin Investimentos, domiciliada en la localidad de Funchal, en el paraíso fiscal de Madeira. Esta sociedad adquirió una embarcación que ha utilizado Pernas, según documentos que investiga la fiscalía. Estas sociedades se unen a las que habían trascendido hasta ahora. Se trata de Aravaca de Inversiones, en la que Pernas aparece como socio de Ernesto Aguiar, ex director general de Administraciones Territoriales y antiguo delegado de Hacienda en Cataluña.

Otras empresas investigadas son Escanaba, que tiene a su nombre un amarre en un puerto deportivo, y Kunsan y Espabroker, que acumulaban capital o activos por 200 millones de pesetas, según consta en el Registro Mercantil de Barcelona.

Por su parte, la Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) aseguró ayer que hay "graves fallos" en los sistemas de control interno de la Agencia Tributaria. El sindicato afirmó que los funcionarios de nivel más bajo están siendo vigilados con "métodos policiales" por cuestiones disciplinarias menores.

Graves fallos

La sección sindical de la CSIF en la Agencia Tributaria señaló en un comunicado que las deficiencias de control del organismo hacen más fácil "la evasión fiscal de 1.000 millones de pesetas que un exceso de 5.000 pesetas en la declaración del IRPF de un pequeño contribuyente". El sindicato puso como ejemplo de los fallos de control interno en la Agencia Tributaria las irregularidades presuntamente cometidas por varios ex altos cargos de la Inspección de Hacienda en Cataluña. "Los actos expuestos ponen en evidencia la falta de mecanismos de supervisión", señaló el CSIF.