El Tribunal de la UE considera legales las ayudas públicas a Tubacex

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló ayer una decisión de la Comisión Europea de 1996 que declaró ilegal unas ayudas concedidas por el Estado español a la empresa siderúrgica Tubacex entre 1992 y 1994. Según la sentencia dictada ayer, la ayuda a Tubacex (Compañía Española de Tubos por Extrusión, SA) que obligó a reembolsar la Comisión Europea -2.900 millones de pesetas- no es incompatible con el mercado común, de acuerdo con el tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

El artículo 92 de este tratado señala que esas ayudas se consideran incompatibles con el mercado común si afectan a los intercambios comerciales entre Estados miembros o si falsean la competencia. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo señala que "las medidas adoptadas en favor de Tubacex están sujetas" a lo dispuesto en esta materia en el Tratado de la CE, que es por el que se rigen sus actividades y que se ajustan a la legalidad. Fuentes jurídicas explicaron que el Tribunal ha considerado que el Estado no actuó como inversor público.

Tubacex es una empresa privada establecida en la localidad alavesa de Llodio que se dedica a la fabricación de tubos de acero sin soldar y que, tras sufrir dificultades financieras durante varios años, se declaró insolvente y se constituyó en suspensión de pagos en junio de 1992.

El Gobierno español, a través del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y la Tesorería de la Seguridad Social, ofreció una serie de facilidades y ayudas que posibilitaron la reestructuración de la empresa y de su filial la Acería de Álava. Los créditos ofrecidos por el FOGASA tenían un tipo de interés del 9%, 3,51 puntos por debajo del tipo de mercado.