Estupor

Pido perdón al lector por ocuparme tan tarde de este asunto, pero he preferido dejar correr el tiempo para ver si así desaparecía mi estupor y lograba por fin comprender por qué la noticia más importante ocurrida en Andalucía en los últimos doce meses ha sido la de que Manuel Chaves no pensaba adelantar las elecciones. Ni la catástrofe de Aznalcóllar mereció más atención. No ha habido medio que no destacara con todo el brío que Chaves había optado por no llamar a las urnas el 13 de junio. Ha sido tanta la desmesura que, si algún día, Chaves decide adelantar unas elecciones, a las emisoras de radio no les quedará más remedio que hacer acompañar la noticia por música de fanfarrias y los periódicos tendrán que hacer desplegables sus primeras páginas para que pueda caber la tipografía adecuada a la ocasión. Si algún día Chaves decide adelantar las elecciones, el departamento de Protocolo de la Junta necesitará inventar una ceremonia más espectacular aún que la usada hace once días para anunciar lo contrario. Quizá haya que echar mano de los guionistas que escriben la gala de los Oscar. Por lo que he leído y escuchado, sólo los muñecos del guiñol de Canal Plus parecen compartir mi estupor. Tratando de buscar una causa, no se me ha ocurrido otra que la de que la elección de la fecha de unas elecciones es una de las pocas decisiones políticas que los gobernantes de este país -presidentes de Gobierno y presidentes de autonomías de primera división- parecen dispuestos a asumir como tal. Quizá huyendo de las consecuencias políticas, los gobernantes tienen tendencia a hacer creer que todos sus actos están reglados, y que son escasas las decisiones que les incumben exclusivamente. Así, la petición de extradición de Pinochet dependería del criterio de los jueces; los bombardeos de Belgrado, de una OTAN que actuaría con completa autonomía, o la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana, de los técnicos de la correspondiente Consejería. Es cierto que la cesión de soberanía a organizaciones supranacionales, de un lado, y las normas del Estado de Derecho, de otro, deja un estrecho camino para la discrecionalidad de los gobernantes. Pero no tanto como para que su única decisión política sea, prácticamente, la elección de la fecha de una convocatoria de elecciones. Si fuera así, los gobiernos tal y como hoy los conocemos -tan llenos de cargos de libre designación- carecerían de sentido: el poder estaría en manos de los técnicos y del Parlamento. Pero, incluso de gobiernos tan menguados seguiría dependiendo el padrinazgo de las iniciativas legislativas. Está bien que Chaves no haya decidido adelantar las elecciones. Difícilmente se podría explicar que ahora -cuando no hay pinza a la que culpar- dejara tantas tareas previstas y sin hacer: modernización de los regadíos, arreglo de la A-92, finalización de la red de atención primaria, pacto local, así como una larga relación de leyes anunciadas al comienzo de la legislatura, como la de mayores, turismo, carreteras, pesca, la de cajas de ahorro y la del suelo, que es más necesaria que nunca ante la probabilidad de que el desafío urbanístico de GIL se extienda a nuevos ayuntamientos.