La OTAN son ellos FRANCESC DE CARRERAS

En los primeros días de la intervención militar contra Yugoslavia, una voz representativa en Cataluña dijo: "La OTAN somos nosotros". ¿Seguro?, me pregunto. ¿Es seguro que los seis millones de catalanes tenemos un vínculo democrático con el pacto militar atlántico y, por tanto, la OTAN, de alguna manera, nos representa y es algo nuestro? Independientemente de las simpatías personales que unos u otros sientan por la OTAN, no hay duda de que la entrada en el pacto militar se realizó con los imprescindibles requisitos democráticos, incluido un innecesario referéndum que, sin embargo, reforzó el grado de adhesión popular a la incorporación de España al tratado atlántico. Gustase o no, se podía decir, por tanto, que la OTAN éramos nosotros. En las últimas semanas, sin embargo, la legitimidad democrática de dicha organización militar ha cambiado sustancialmente y -cuestiones políticas aparte- el vínculo jurídico que une a los ciudadanos de nuestro país respecto a las actuaciones de la OTAN ha quedado seriamente debilitado. En efecto, dos actuaciones recientes de la OTAN se apartan de principios que son fundamentales en un Estado democrático de derecho como es el nuestro. En primer lugar, la intervención militar en Yugoslavia se ha realizado al margen del tratado constitutivo de la OTAN que, en su día, autorizaron las Cortes Generales, de acuerdo con los artículos 94.1b) y 74.2 de nuestra Constitución. Por tanto, la organización militar atlántica ha realizado una actuación contra un principio básico del Estado de derecho, según el cual los poderes públicos sólo deben actuar conforme a normas previamente aprobadas. Juristas de la talla de Francisco Rubio Llorente, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, y Miguel Herrero de Miñón, ponente constitucional, ambos nada sospechosos de posiciones contrarias a la integración de España en la OTAN, han puesto de relieve, en las páginas de EL PAÍS, el carácter antijurídico de esta actuación. En segundo lugar, el fin de semana pasado, en la reunión celebrada en Washington conmemorativa del 50º aniversario de la OTAN, se adoptó una declaración explícitamente contraria a la Carta de las Naciones Unidas. Políticamente, el hecho tiene una trascendencia y una gravedad de alcance insospechado. Ni más ni menos, cambia las reglas de juego básicas de un derecho internacional, paciente y difícilmente elaborado desde 1945 hasta hoy, que, con todas sus imperfecciones, aspira a que todo Estado sea considerado como sujeto de derechos en igualdad con los demás estados. La nueva OTAN se ha declarado no sometida a estos elementales principios jurídicos y se muestra al mundo, como ha dicho el veterano especialista en política internacional Mateo Madridejos, como una "internacional de los ricos" que desafía a Rusia, a China y al resto de la comunidad mundial. Los riesgos futuros de tal actitud son algo más que inquietantes y todo parece indicar que estamos sembrando la semilla de futuros conflictos y nuevas guerras. Pero la declaración de Washington también ofrece un gran interés desde el ángulo jurídico-constitucional, en concreto desde la perspectiva de la