La última agresión en el marjal de Pego deseca 100 hectáreas inundadas desde hace 20 años. La consejería dispone de una semana para evitar que el daño causado al humedal sea irreversible

La última provocación por parte de un grupo de propietarios en el marjal de Pego-Oliva, apoyados por la Comunidad de Regantes de Pego y por el alcalde, Carlos Pascual, al cortar el canal d"Enmig, en pleno corazón del parque, puede acabar con uno de los parajes naturales más importantes de España y único en la Comunidad Valenciana. El taponamiento con tierra del cauce del canal, arteria principal que alimenta hídricamente el resto del parque, ha desecado unas 100 hectáreas de terreno en el corazón del parque que durante 20 años habían permanecido inundadas.

La grave agresión también ha afectado al resto del humedal, íntimamente ligado a los lagos centrales porque todo el marjal está comunicado subterráneamente. El corte del canal d"Enmig, que une los ríos Bullent y Molinell, no sólo ha hecho descender los niveles de agua hasta que ésta ha desaparecido de los lagos sino que desecará inexorablemente gran parte del parque. También se han puesto en peligro los valores ecológicos de este espacio protegido desde 1995, cuado se declaró parque natural. La riqueza de la vegetación subacuática, debida en parte a la limpieza de las aguas que regaban esta zona de lagos conocida como Els Lluents, sirve de alimento a aves y fauna marina, y durante esta época es el lecho para la nidificación de especies únicas que se han podido ver gravemente afectadas. El marjal de Pego-Oliva está, además, incluido en el convenio para la protección de humedales Ramsar, el más importante pacto mundial sobre estos hábitats, y ha sido declarado como zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), una figura de protección de rango europeo que obliga a las administraciones a su escrupulosa custodia. Pese a estos valores ecológicos, las agresiones al marjal de Pego-Oliva se han sucedido en los dos últimos años para transformar el espacio protegido en campos de cultivo. Unas actuaciones que han supuesto incumplir la orden judicial de paralización de toda transformación en el parque decretada por una juez de Dénia que investiga la destrucción del espacio protegido y que hasta ha imputado por tres delitos a Pascual, al concejal del PP José Orihuel y a otras cuatro personas que actuaron sobre el marjal. El consejero de Medio Ambiente, José Manuel Castellá, de UV, manifestó ayer que su departamento asumirá con "carácter de urgencia" la recuperación de la zona pero no adelantó una fecha para la aprobación del Plan de Ordenación del parque. El objetivo de los autores de esta acción puede ser, según las sospechas de la Consejería de Medio Ambiente, el roturar el terreno con la intención de plantar arroz. De hacer efectiva esta transformación, este valioso (por su valor ecológico) espacio natural "se destruirá para siempre", según dijo Vicente Urios, el director del parque natural. El daño ya es irreparable, señaló el responsable, ya que parte de la vegetación ha muerto "pero si en el plazo de una semana vuelve a inundarse podría regenerarse en dos años". Castellá se desplazó ayer hasta el marjal para visitar el terreno afectado y anunció asimismo la apertura de "un expediente informativo" sobre el daño producido que será trasladado al Juzgado de Dénia. Ésta es la primera vez que el máximo responsable medioambiental del Consell anuncia (habrá que esperar a los hechos) una medida activa desde que comenzaron, ya hace dos años, con incendios, desecaciones y roturaciones, los atentados contra el marjal. Pese a que el decreto de creación del parque conllevaba una prohibición expresa de toda transformación en el parque, el expediente administrativo abierto por Medio Ambiente tras las agresiones quedó suspendido tras la apertura de la vía judicial. Castellá ha dicho en numerosas ocasiones que no podía hacer nada hasta que la juez no resolviese el caso, y hasta se ha negado siempre a reparar las múltiples transformaciones efectuadas en el parque. Ayer, ante las dimensiones del último atentado, todo cambió. El enorme lodazal en el que se han convertido las lagunas centrales del parque congregó también a varios efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que levantaron los atestados pertinentes ante el nuevo desafío de un grupo de propietarios de Pego al auto de la titular del juzgado de instrucción número dos de Dénia que impide cualquier transformación en el parque natural. 650 millones de fianza La imposición por parte de la juez de una fianza de 650 millones de pesetas al alcalde, al presidente de la Comunidad de Regantes de Pego y concejal del PP, José Orihuel, y a cuatro trabajadores municipales en concepto de indemnización por las agresiones al parque no han servido para detener las actuaciones de Pascual y sus adeptos. El pasado 15 de abril se anegaron de nuevo unas 300 hectáreas del marjal para cultivar arroz. Asimismo, otras 200 hectáreas han sido desecadas y preparadas para plantar patatas y alcachofas, un cultivo incompatible con el acuífero y, en la práctica, los únicos vegetales verdaderamente protegidos. El consejero reiteró ayer que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural, que todavía no ha sido aprobado, permitirá el cultivo de arroz en unas zonas del marjal. "Mi voluntad es proponer al pleno del Consell de la Generalitat que Pego sea la primera gran experiencia de la compatibilidad de un espacio natural de estas características y de su utilización como sistema de cultivo en la parte reservada para el arroz", dijo. Lo que no aclaró Castellá es en que fecha se presentará el PORN, cuya aprobación servirá para delimitar los usos del parque natural, una de las continuas reivindicaciones de los grupos de la oposición en las Cortes, así como en los ayuntamientos de Pego y Oliva y hasta de sectores más críticos hacia el Consell, como la Asociación Valenciana de Agricultura (AVA), que hasta ha solicitado la dimisión de Castellá. El consejero eludió el tema y se limitó a responder: "No quiero asumir en este momento el compromiso de dar una fecha". A preguntas de este diario de si el documento vería la luz antes de elecciones manifestó: "No estoy tomando decisiones como miembro del Gobierno en función de que el 13 de junio hay elecciones; he venido aquí asumiendo una responsabilidad de defender los intereses generales de Pego y de Oliva". En clave electoralista aseguró asimismo su intención de solicitar a la Consejería de Agricultura, una vez aprobado el PORN, que se acabe con la concentración parcelaria iniciada en los años setenta para sacar rendimiento al paraje. Pasividad de Cepeda Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente del PSPV en las Cortes Valencianas, Alfonso Arenas, denunció ayer a Efe "la pasividad demostrada" por el delegado del Gobierno, Carlos González Cepeda, ante las actuaciones "presuntamente ilegales" que se realizan en el marjal. Explicó Arenas que desde hace varios años, "y ante la pasividad de la Policía Autonómica y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, los regantes y, especialmente, algunos terratenientes, incumplen la orden judicial" para la protección del Marjal. El diputado socialista señaló que el PSPV "no ve con malos ojos que algunos terrenos se destinen al cultivo del arroz". Arenas, quien hizo extensivas sus críticas al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, a Castellá y a la Confederación Hidrográfica del Júcar, explicó que ya el pasado 1 de abril su grupo parlamentario puso una proposición no de ley por la que instaba al Consell a llevar adelante todas las actuaciones administrativas, de vigilancia, judiciales y políticas que sean necesarias para proteger la integridad del marjal.