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Las plantas de Astilleros paran hoy en defensa de la viabilidad de la empresa

Las plantas de Puerto Real, Cádiz y Sevilla se suman hoy a la protesta convocada por los sindicatos en Astilleros Españoles, SA (AESA) con paros de una hora para defender la viabilidad de esta empresa pública, reclamar el cumplimiento del Plan Estratégico de Competitividad (PEC) e instar al Gobierno central que solicite ayudas de la UE. Por su parte, trabajadores y dirección de Astilleros de Huelva, SA, han acordado la reducción de 100. empleos.

Los representantes sindicales de los astilleros públicos consideran que la dirección ha incumplido la mayor parte de los contenidos del PEC, en especial los referidos a inversiones. Los trabajadores demandan también un aumento de las cargas de trabajo para garantizar así el futuro de dichas factorías a medio plazo. El presidente del comité de empresa en Sevilla, Ignacio Sánchez, expresó ayer su temor por un posible expediente de regulación de empleo, que afectaría parcialmente a los 400 trabajadores de esta planta, por la falta de nuevos pedidos. Actualmente, la carga de trabajo en el centro sevillano la componen dos barcos de la firma británica Cenargo. Uno de ellos tiene prevista su botadura para el próximo 15 de mayo, por lo que "en breve", dijo, "nos encontraremos sin trabajo". Esta situación también afectará a los casi 1.800 trabajadores dependientes de las empresas auxiliares contratadas por el astillero de Sevilla. El recorte de demanda de mano de obra obligaría a la dirección del astillero a prescindir de gran parte de dichas empresas. Por otro lado, el comité de empresa continuará en las próximas semanas con manifestaciones y paros, además de contactos con distintas formaciones políticas y asociaciones ciudadanas, para buscar apoyos a sus demandas. Por su parte, en Astilleros de Huelva, los representantes de los 317 trabajadores acordaron ayer con la dirección la reducción de un centenar de puestos de trabajo en un plazo de ocho meses, hasta el 31 de diciembre. Tras 20 días de negociación tras la intervención del Sercla (Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía) se llegó al acuerdo para hacer frente a los 10.000 millones de deuda de la empresa con los proveedores y la Seguridad Social. La reducción se llevará a cabo en dos fases: una primera, que finaliza el 30 de junio, cuando los trabajadores fijos se reducirán a 250; y una segunda, hasta final de año, cuando la plantilla se quedará en 217 empleados. El ajuste se realizará mediante bajas incentivadas con indemnización de ocho millones de pesetas o con el compromiso de una posterior contratación indefinida. Esta última situación no podrá prolongarse más de tres meses y el trabajadore percibirá el paro y seis millones de indemnización. El Gobierno central aportará 2.100 millones de pesetas y la Junta buscará empresas auxiliares.

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