Las autonomías se rebelan frente al recorte de vuelos de Iberia
Los gobiernos regionales presionan a Fomento por considerar que sufrirán graves perjuicios
Los gobernantes autonómicos, en su inmensa mayoría miembros del PP, no han dudado en alzar sus quejas, a menudo con ira, contra el Ministerio de Fomento e Iberia por los graves perjuicios que están causando los retrasos y supresiones de vuelos y por los que aún pueden llegar como consecuencia de las cancelaciones previstas para lo que queda de año. Las protestas aisladas han pasado a convertirse en un clamor unánime, expresado no solo a través de declaraciones sino de cartas oficiales dirigidas a los responsables públicos ante el anuncio esta semana de las rutas que se verán restringidas.
El Gobierno de Asturias ha exigido a Fomento que restablezca inmediatamente todos los vuelos de Oviedo a Madrid y Barcelona así como la puntualidad en las salidas. Desde el pasado viernes y hasta mañana, el grupo Iberia ha cancelado once vuelos con la capital catalana y otros dos con la capital de España. Esas restricciones así como las demoras registradas en las últimas semanas son "difícilmente explicables a las puertas del siglo XXI" y crean una situación "verdaderamente lesiva" para Asturias, según ha expresado el Gobierno del Principado, que preside Sergio Marqués, ex militante del PP y fundador de Unión Renovadora Asturias. El PSOE ha atribuido la responsabilidad a la "nefasta" gestión del Ministerio de Fomento e IU ha acusado a Iberia de recurrir, para resolver sus problemas, a "una amputación brutal de las comunicaciones aéreas".
Aunque en términos menos hostiles, el consejero de Turismo y Comunicaciones del Gobierno cántabro, integrado por el PP y el Partido Regionalista, ha enviado al ministro de Fomento sus quejas por las ocho cancelaciones que ha habido del vuelo que comunica por la mañana Santander con Madrid, así como la preocupación de la asociación de hosteleros por el daño que causa en su sector la restricción del transporte de viajeros.
Reclamación por daños
El Gobierno de Baleares, del Partido Popular, emplazó el pasado viernes a Iberia y a los responsables ministeriales para que en el plazo de una semana garanticen el servicio aéreo regular con las islas, que tiene caracter de servicio esencial y en el que los billetes para residentes son subvencionados en un 33% por los presupuestos regionales. El portavoz del gabinete autponómico, Manuel Ferrer, ha advertido que si Baleares tiene que recurrir a una empresa privada para que atienda bien el servicio, porque Iberia no puede garantizarlo, ese gasto y otros que se deriven del caos aeroportuario "serán exigidos y reclamados" a Iberia y al Estado por vía judicial. El responsable autonómico de Consumo ha alentado a los ciudadanos afectados a que reclamen "con más exigencia" el respeto a sus derechos vulnerados. Apremiado por las protestas de la patronal hostelera, de las agencias de viajes y por la oposición, el presidente de la Xunta, Manuel Fraga (PP), trata de presionar a Iberia para que haga una excepción con Galicia y mantenga todos sus servicios en los tres aeropuertos de la región -Santiago, A Coruña y Vigo- hasta el final del Año Santo Xacobeo, conmemoración de la que Iberia es patrocinadora. Fraga se muestra comprensivo con los problema de la compañía aérea pero le recuerda los compromisos que tiene con el gobierno gallego.
El director general de Transportes del Gobierno canario, Dalmacio Benítez, se ha dirigido por escrito a Fomento y a Iberia exigiendo que no se suprima "ni un solo vuelo" con esa comunidad, ya que el 97% de quienes viajan entre las islas y a la Península utilizan el transporte aéreo. El Gobierno canario, formado por el PP y Coalición Canaria, ha planteado esa exigencia acogiéndose a que Iberia sigue siendo en parte una empresa pública, a la que cabe exigir que cumpla su servicio.
Información elaborada con aportaciones de , Jesús Delgado, Andreu Manresa, Xosé Hermida, Jaime Pérez-Llombet y Manel Torres.
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