El PP exigió que Filesa siguiese en el Tribunal si Sala renunciaba al Senado

Las tesis mantenidas ayer por el abogado Juan Ramón Montero Estévez, defensor del senador del PP Dionisio García Carnero, en el caso Zamora, son exactamente las contrarias a las que este mismo letrado sostuvo como acusador en nombre del Partido Popular en el caso Filesa, sobre financiación ilegal del PSOE.

En aquella causa Montero sostuvo que el Supremo debía mantener su competencia sobre la causa aunque se disolvieran las Cámaras o aunque los aforados -en esos momentos, el senador socialista Josep María Sala- perdiesen su escaño o dimitiesen del mismo. En caso contrario, alegaba Montero, quedaría a disposición de los inculpados "determinar la competencia del tribunal que debe juzgarles".

En su escrito del 3 de mayo de 1993, el abogado ejemplarizaba: "Un ministro, por ejemplo, que quisiera eludir la comparecencia ante el Tribunal Supremo, (...) le bastaría con dimitir de su cargo, lo cual implicaría (...) la remisión de la causa a la jurisdicción ordinaria, juzgados o tribunales distintos al Tribunal Supremo". Y añadía: "Bastaría con la dimisión de diputados o senadores afectados en un proceso para pasar sin más el conocimiento de la causa a estos mismos juzgados y tribunales". El representante legal del PP alegaba que la remisión del caso Filesa a cualquier otro juez o tribunal "rompería la unidad de la causa" y pondría "en grave peligro la justicia".