La supuesta falta de seguridad del auditorio enfrenta al consistorio de Lleida y a la Generalitat

La supuesta falta de seguridad del auditorio Enric Granados de Lleida, equipamiento municipal inaugurado hace cuatro años, ha abierto una nueva vía de enfrentamiento entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Lleida. El alcalde de la ciudad, el socialista Antoni Siurana, ha restado importancia a la denuncia sobre la presunta inseguridad de la instalación efectuada por un funcionario del Departamento de Industria y ha traspasado toda la responsabilidad sobre el caso a los técnicos, postura que no ha gustado a los grupos de la oposición municipal. Un informe de Industria señala que, en caso de emergencia, la evacuación del edificio sería muy difícil.

Josep Giné, delegado de la Generalitat en Lleida y candidato a la alcaldía por Convergència i Unió en las próximas elecciones, dijo ayer que, en caso producirse una desgracia, Antoni Siurana sería el responsable último de la seguridad del auditorio, un equipamiento muy concurrido y que también alberga las instalaciones del Conservatorio de Música. Giné señaló que el Ayuntamiento no ha hecho caso de los tres requerimientos realizados por el Departamento de Gobernación para que aportara una copia del proyecto del edificio, como establece la normativa vigente. Un funcionario del Departamento de Industria que pertenece al Grup Casal -colectivo de opinión formado mayoritariamente por miembros de Joventut Republicana de Lleida, antigua rama local de Esquerra Republicana de Catalunya ahora vinculada a Convergència i Unió- denunció la semana pasada las condiciones de seguridad del emblemático edificio, que a su juicio incumple la Norma Básica de la Edificación, las Condiciones de Protección contra Incendios y el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas vigentes en 1982, época en la que se redactó el proyecto de construcción del citado equipamiento cultural. Emergencias Las irregularidades denunciadas convierten el auditorio en un edificio peligroso si ante una situación de emergencia, por ejemplo un incendio, fuera necesario evacuar al público. El informe de Industria se refiere a dificultades para desalojar las zonas más soterradas del edificio, especialmente la sala 2, un espacio con capacidad para 240 personas que tiene un desnivel de siete metros respecto a la calle, cuando la normativa establece un máximo de cuatro metros. Además, el anfiteatro de la sala 2, con un aforo de 800 localidades, no tiene una salida independiente hacia el vestíbulo. Por ello, en caso de desalojo urgente de la instalación, el público de ambas salas, los funcionarios del centro y los alumnos del Conservatorio de Música coincidirían en el vestíbulo y las puertas de acceso y de emergencia resultarían insuficientes para conseguir una evacuación rápida de todas estas personas. El Ayuntamiento no ha presentado al Departamento de Gobernación de la Generalitat el proyecto del edificio para que este organismo revise sus condiciones de seguridad y emita un informe favorable para su apertura, trámite que es obligatorio en locales de más de 500 localidades y en municipios de más de 25.000 habitantes. Giné se ha mostrado sorprendido por las declaraciones de Siurana, quien considera que la seguridad de un edificio es responsabilidad de los técnicos, y no de los políticos. "Me produce risa", ironizó el representante de la Generalitat. "Siurana es responsable de todo lo que afecta al Ayuntamiento como yo lo soy de las cosas que afectan a la Delegación del Gobierno. Al final resultará que en vez de políticos seremos reyes". La Generalitat también ha pedido al consistorio el proyecto del teatro municipal L"Escorxador, inaugurado hace unos meses, para conocer si cumple la normativa de seguridad. Los grupos municipales de Convergència i Unió, Esquerra Republicana y el Partido Popular también se han sumado a la polémica y exigen al Ayuntamiento que sea tan meticuloso a la hora de cumplir la normativa de seguridad en sus edificios como lo es cuando debe conceder licencias a particulares para la apertura de locales públicos.