El fiscal pide 12 años de inhabilitación para el presidente de un tribunal de Barcelona

Barcelona - 21 abr 1999 - 00:00CEST

El fiscal solicita 12 años de inhabilitación y 2,7 millones de pesetas de multa para el presidente de la Sección Octava de lo Penal de la Audiencia de Barcelona, Santiago Raposo, al que acusa de un delito de prevaricación supuestamente cometido al archivar una causa de delito fiscal por entender que había prescrito. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decretado ya la apertura de juicio oral contra el magistrado Raposo.

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El magistrado del TSJC que ha instruido las diligencias contra Raposo, Ponç Feliu, ha acordado también trasladar su resolución "a los efectos oportunos" al Consejo General del Poder Judicial. Fuentes de este organismo explicaron ayer que con toda probabilidad Raposo será apartado de la carrera judicial de manera cautelar en la reunión que celebrará la comisión permanente el próximo martes. El presidente de la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona sigue actualmente en activo, aunque desde el pasado mes de noviembre está de baja por depresión y tiene fijado su domicilio en Galicia. El caso que ahora ha acabado en juicio se inició el pasado mes de julio, cuando la fiscalía se querelló contra Raposo y contra María José Inés Martínez Álvarez y Mercedes Fernández Pérez, las otras dos magistradas que también firmaron la resolución supuestamente prevaricadora (véase EL PAÍS de 25 de julio de 1988). Sin embargo, las magistradas fueron exculpadas del caso el 25 de enero, después de declarar por segunda vez ante el instructor y manifestar que firmaron el polémico auto sin que Raposo, que era el ponente de la resolución, les explicase todas las circunstancias jurídicas del caso. El auto supuestamente prevaricador fue dictado el 2 de junio del año pasado y supuso el archivo de las diligencias que había tramitado el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona contra Jaime Sentís Abad por un delito fiscal. Esa causa se abrió tras la querella de la fiscalía en la que se le acusaba de defraudar a Hacienda 501 millones de pesetas correspondientes a los ejercicios de 1989, 1990 y 1991. PASA A LA PÁGINA 6

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