Sánchez Lago y la autopista polémica

El grupo constructor Sánchez Lago, junto con Ploder -participada por dicho grupo y Alsa- y Sanjumar (controlada por Tomás Fuertes, propietario de Cárnicas El Pozo) sorprendió el pasado año, en el mes de julio, al hacerse con la concesión de la autopista de peaje Alicante-Cartagena, la primera que adjudicaba el Gobierno del PP, frente a los grandes de la construcción como FCC, ACS, Dragados, Sacyr y Autopistas del Mare Nóstrum, entre otros. La adjudicación fue llamativa por la escasa experiencia de los adjudicatarios en el sector, según los grandes derrotados, que, en algunos casos, hicieron llegar su malestar al Ministerio de Fomento. Por parte de las empresas adjudicatarias de la autopista, con una concesión a 50 años, se resaltó la idoneidad del proyecto presentado, cuya inversión asciende a 30.030 millones de pesetas y un préstamo participativo del Estado de 12.800 millones.

El PSOE ha entrado a opinar en esta concesión. Un informe del grupo de la oposición afirma que la concesión se produjo a pesar de que las tarifas propuestas fueron las más altas de las presentadas al concurso.

Otras fuentes al tanto de la operación señalan algunas dudas administrativas, como el hecho de que en la documentación el grupo Alsa aparezca con dos NIF (A-79199691, corresponde a una sociedad disuelta en 1997, y A-79943155) en la constitución de las sociedades Iniciativas de Infraestructuras y Servicios y Autopista del Sureste Concesionaria Española, que son las que participan en el proceso de adjudicación y explotación de la autopista.

Fuentes cercanas al grupo asturiano Alsa manifestaron ayer que la aparición de dos NIF se debe a que hubo un proceso de integración de empresas y el NIF cambió durante el proceso de adjudicación desde que se anunció hasta que se realizó el concurso.

Sánchez Lago, junto con Dragados y Construcciones en una unión temporal de empresas (UTE), ha conseguido también la adjudicación de la autovía Mieres-Riaño, que unirá Mieres con Gijón, Langreo y Siero.

La autovía, según se ha destacado en el Principado, no figuraba en el programa de ningún partido de la región -PP incluido- y salió adelante en septiembre de 1998 por iniciativa de la Consejería de Fomento del Principado, encabezada por Juan José Tielve. La construcción de la autovía se realizará con cargo a los fondos mineros y el proyecto base fue elaborado por la empresa Apia-21, que trabaja habitualmente para la Confederación Asturiana de la Construcción.

El socio de las firmas asturianas Alsa y Sánchez Lago en el negocio de las autopistas, Tomás Fuertes (del grupo El Pozo), se ha visto recientemente envuelto en una incómoda posición por la recalificación de terrenos de su propiedad en la provincia de Murcia.