Populares y socialistas anularán el proyecto de expansión de Vitoria si gobiernan tras los comicios

Los dos principales grupos de la oposición en Vitoria, el Partido Popular y el PSE, han anunciado que anularán el convenio entre el Ayuntamiento y los propietarios de terrenos en Salburua y Zabalgana si gobiernan la ciudad la próxima legislatura. El acuerdo, por el que la corporación se haría con el control de 6,2 millones de metros cuadrados, quedará en suspenso hasta después de las elecciones. De este modo, parece insuficiente el apoyo al pacto sólo del PNV y Unidad Alavesa, partidos que gobiernan con 14 votos en un pleno compuesto de 27 concejales.

¿Se aplicará el gran proyecto de José Ángel Cuerda para hacerse con el control de 6,2 millones de metros cuadrados por donde crecerá Vitoria en los próximos decenios? El alcalde lo tiene realmente difícil para ver materializado su sueño en la próxima legislatura, porque el apurado apoyo con el que cuenta ahora puede convertirse en minoría a partir de los comicios de junio debido a la pujanza de los principales partidos de la oposición. El Partido Popular se convirtió en las elecciones autonómicas de octubre en la fuerza más votada en Vitoria. El PSE también ascendió. Estos dos partidos ya han anunciado que, si asumen tareas de gobierno en la próxima corporación vitoriana (hipotéticamente juntos o por separado), anularán el convenio entre el Ayuntamiento y los propietarios particulares de la extensa área donde se construirán 21.704 viviendas. El acuerdo ya se ha firmado, pero aún quedan varios trámites. Primero, el pleno municipal del próximo viernes debería ratificarlo. Para que entre en vigor habría que esperar a la aprobación definitiva del Plan General, prevista para la próxima legislatura. Cuerda, pese a todo, muestra un sorprendente optimismo. "Tengo confianza", afirmó el pasado viernes, "en que el convenio lo van a apoyar [PP y PSE] con entusiasmo. Una cosa es lo que se dice desde la oposición ahora, y otra con la responsabilidad de gobierno". En cambio, la respuesta de los dos partidos de la oposición deja un escaso margen a un futuro cambio de opinión. "El convenio no tiene nada que ver con nuestra política; no es necesario", aclara Alfonso Alonso, el candidato del Partido Popular a la alcaldía. Los populares tienen sus propias ideas para solucionar el problema de la vivienda en Vitoria, la principal cuenta pendiente de los 20 años de Cuerda al frente del Gobierno municipal. "El Ayuntamiento sólo tiene que aprobar el Plan General, abrir suelo y agilizar la gestión. No hace falta expropiar, que es lo que hace este convenio". Añade Alonso: "Estamos diseñando un plan de choque porque hay un déficit acumulado de viviendas. La Cámara de Comercio dice que se necesitan construir 7.000 al año. Igual no hacen falta tantas". El PP entiende que el Ayuntamiento "no debe tener la exclusividad" de la gestión de la vivienda. Los populares hacen además unos cálculos distintos al equipo de gobierno y de los demás partidos de la oposición. Aseguran que la Administración perdería dinero con el acuerdo porque debería encargarse de construir los pisos protegidos, los de menor rentabilidad económica. Pero también afirman que perjudicaría a los particulares, al tener derecho de construcción sobre menos pisos libres de los previstos en la ley. "Haciendo un cálculo muy prudente, podrían perder 17.000 millones. Pero, claro, difícilmente perderán ellos. Para recuperarlos aumentarán en dos millones y medio o tres millones el precio de cada vivienda libre. Por eso no habrá viviendas libres por menos de 30 millones". Los socialistas no se cierran a un posible pacto con los propietarios privados, aunque con matices, por que el que propone Cuerda conllevaría, según el PSE, unas pérdidas superiores a los 18.000 millones para el Ayuntamiento. "Es bueno hacer un convenio para evitar acudir a los tribunales con los particulares. Pero las condiciones que pondría el partido socialista serían muy difíciles de aceptar por ellos", advierte el socialista Patxi Lazcoz. Los particulares, temerosos Este mismo concejal teme que si la próxima corporación rechaza el convenio los propietarios exijan indemnizaciones y, si los tribunales les dieran la razón, terminen llevando "a la bancarrota" a la Administración. Según sus cálculos, podrían obtener 101.000 millones. Los particulares también han reaccionado. Después de casi tres años de negociaciones, temen que el Ayuntamiento no apruebe en esta legislatura el acuerdo. En los próximos días se reunirán con el alcalde para tratar de forzar la aprobación definitiva del convenio.