El Consell cifra en 5.000 millones el coste de la implantación del nuevo sistema penal de menores

La clientela de los jueces y fiscales de menores valencianos se triplicará, como mínimo, dentro de dos años. En la actualidad se encargan de las infracciones que cometen los adolescentes de 12 a 16 años, pero con la entrada en vigor de la nueva ley juvenil (prevista para el 2001) tendrán bajo su cargo, además, los delitos y faltas de los jóvenes de 16 a 18 años, y las infracciones más leves de los que tengan entre 18 y 21. Un informe, encargado por la Generalitat, cifra en 5.000 millones de pesetas la inversión necesaria para implantar el nuevo sistema penal juvenil en la Comunidad Valenciana.

De las 834 medidas judiciales (internamientos, libertades vigiladas, trabajos en beneficio de la comunidad...) impuestas en 1997 a menores que delinquen, se pasará con la nueva ley a un mínimo de 2.328 medidas, al sumar la franja de jóvenes de 16 a 18 años. Si se le añaden los menores de 21 la cifra se dispararía a 4.933 medidas judiciales anuales. Pero no sólo aumentará el número de delitos sobre los que deberán pronunciarse los jueces y fiscales de menores, sino también su gravedad. "Las estadísticas criminológicas indican que a mayor edad, mayor peligrosidad; el vértice de esta pirámide delictiva se sitúa entorno a los 35 o 40 años, luego empieza a descender la gravedad de los delitos", señala el titular del juzgado número 1 de menores de Valencia y autor del informe, José Antonio Mora. Por eso el estudio calcula que el castigo más severo, el internamiento (que en la actualidad no se dicta en más de unas 80 ocasiones al año) se aplicará a un mínimo de 350 jóvenes y a un máximo de 431. Con la nueva ley, el internamiento cautelar se limita a seis meses, pero endurece el máximo tiempo que pueden pasar encerrados: hasta cinco años. Con todo, la privación de libertad seguirá reservada para delitos muy graves contra las personas. Mora presume de que Valencia tiene el menor porcentaje de internamientos per cápita de España, "logrado sin crear alarma social y con un 95% de cumplimiento de las medidas en régimen abierto". Para hacer frente a este ingente volumen de casos y a su mayor peligrosidad, el estudio encargado por la Consejería de Bienestar Social considera necesario invertir 4.942 millones. Este dinero es vital, según reconoce la directora general de Servicios Sociales y Comisionada del Menor, María Luisa García Merita, en el prólogo del informe, para corregir o subsanar "aquellas carencias o insuficiencias que inevitablemente abocarían al fracaso la implantación del nuevo sistema penal destinado a los menores de edad". 3.900 millones en centros La mayor parte de esta inversión (3.900 millones) debe destinarse, según el informe, a los centros de internamiento de menores. En estos momentos hay 79 plazas en los tres centros de la Comunidad Valenciana (uno por provincia). El estudio calcula que con la nueva ley harán falta 170, el doble de las existentes. Por ello, el informe reclama la construcción de seis nuevos centros, con un coste de 2.400 millones y un gasto anual de mantenimiento de 1.500. Se trata de cuatro centros de internamiento (dos en Valencia y dos en Alicante, uno en régimen cerrado y otro semiabierto en cada provincia) y dos terapéuticos (uno en Valencia y otro en Alicante), para menores que delinquen y sufren toxicomanías o problema psiquiátricos. Los 1.000 millones restantes deben invertirse en personal (psicólogos, técnicos...). De este dinero, 600 millones serían para los programas en medio abierto, 167 para servicios administrativos, 115 para equipos técnicos de fiscales y juzgados y 130 para mediación. En total, recomienda que se pase de los 89 profesionales actuales a un máximo de 464. Con todo, Mora recuerda que la Comunidad "tiene una media de un educador por cada 15 adolescentes, cuando otras autonomías tienen uno por cada 40". Los profesionales que atienden a los menores advierten que la ley actual (la 4/92), se puso en marcha sin crear todas las infraestructuras que se requerían: los centros terapéuticos específicos siguen sin construirse y Alicante no tuvo centro de internamiento (el de Villena) hasta el año pasado. Durante varios años, los menores alicantinos internados tuvieron que viajar 200 kilómetros en vehículos policiales hasta el centro de Burjassot. Ahora, el PSPV denuncia que el centro de Villena sufre deficiencias y que la empresa que lo gestiona, Diagrama, le cobró en 1998 a la Generalitat 212 millones, casi el doble de lo acordado. "¿Se crearán las infraestructuras necesarias a tiempo esta vez? ¿O volverá a aplicarse la ley sin los recursos necesarios?", se preguntan algunos educadores. Temen que si no llegan a tiempo los 5.000 millones no podrán separar a los internos por edades y los niños de 13 años "acabarán junto a delincuentes de 21 con una amplia carrera". Sin embargo, Mora afirma que la Generalitat ha efectuado en los últimos años "un esfuerzo inversor tan impresionante" en materia de menores que permite "afrontar el futuro con tranquilidad". Aunque reconoce que, tras la entrada en vigor de la ley "no bastará con los recursos actuales". Pero está persuadido de que los 5.000 millones se invertirán a tiempo. Para no mezclar a pequeños y mayores, postula que al cumplir 18 años los jóvenes internados ingresen en prisión "respetándoles el regimen que tenían". En estos momentos, las infracciones de los adolescentes valencianos suponen un volumen de expedientes tan considerable para los fiscales y sus equipos técnicos que, en diversas ocasiones, desde que se comete el delito hasta que se ve en audiencia pasan varios meses. Para evitar esta situación y atender el aumento de casos, el estudio propone que el número de juzgados de menores de la Comunidad pase de cuatro a nueve, y el de fiscales de nueve a 17. Como mínimo. Porque los delitos de los menores de 21 años podrían obligar a contar con 12 juzgados y 26 fiscalías. El triple de los que existen.