Nuevos retos para la Administración local MANUEL MAS I ESTELA
Tras 20 años de democracia municipal, los que hemos cubierto el periodo de cinco mandatos consecutivos podemos testimoniar una creciente complejidad en la gestión de los asuntos locales. Si en el año 1979, las dificultades eran evidentes (descapitalización de las haciendas municipales, legislación desfasada, raquitismo y obsolescencia del aparato administrativo), no menos obvios eran los objetivos que las nuevas corporaciones debían conseguir (recuperar el pulso ciudadano, superar los déficit en servicios básicos, recomponer y planificar el desarrollo urbano, construir instalaciones culturales, sociales, deportivas, etcétera). Pasadas dos décadas de acción municipal, en términos generales y con todas las salvedades que se quieran, la Administración local puede presentar un balance netamente positivo. Los electos que surjan de los próximos comicios municipales se enfrentarán a una situación inversa: dispondrán de instituciones consolidadas, pero el programa de acción no será tan diáfano como el de 20 años atrás. La cultura política del hacer, hacer y hacer va perdiendo sentido y debe ser reemplazada por la del pensar, pensar y pensar. Dicho cambio es, en parte, resultado de la obra realizada, pero sobre todo obedece a la vertiginosa evolución social, económica y tecnológica a la que asistimos. No ha cambiado únicamente el decorado; ha cambiado el horizonte. ¿Cuáles son los nuevos retos de la Administración local? En primer lugar, gestionar los efectos de una sociedad desarrollada: movilidad, ocio, residuos y comercio sin horario. En segundo lugar, afrontar el reto de la sostenibilidad y la multiculturalidad generada por migraciones de etnia y religión variada. No se puede olvidar que existe el riesgo de la formación de guetos. En tercer lugar, comprender las implicaciones de la globalización de la economía y las nuevas tecnologías. El impacto territorial de la globalización es cada vez mayor. Al mismo tiempo, y paradójicamente, los nuevos sistemas de comunicación (Internet y satélite) provocan la desaparición de condiciones geográficas para la ubicación de la actividad laboral y empresarial. Y, en quinto lugar, abordar de manera adecuada las necesidades de adaptación continuada de conocimientos a todos los niveles y edades. Todo ello incrementa la competencia, cada vez más abierta, entre ciudades próximas o lejanas por la atracción de inversiones, turismo, compradores..., en definitiva, por situar su nombre en el mapa. Y ahora, la gran cuestión: ¿dispondremos de una Administración local capaz de hacer frente a estos desafíos? Me aventuro a decir que no, por los siguientes motivos. En primer lugar por la rigidez interna. La organización municipal depende excesivamente de estructuras administrativas que no permiten una gestión flexible, adaptable y competitiva en comparación con la de los agentes sociales y económicos. Hay que saber encontrar un nuevo equilibrio entre el derecho administrativo y el management. En segundo lugar, por tener aún instrumentos obsoletos e insuficientes. Hay que ser imaginativos para encontrar nuevas formas de instrumentar la relación con los ciudadanos. Además, los alcaldes padecemos un déficit de autoridad (capacidad de intervenir en todos los asuntos de interés de la colectividad local) y de interlocución efectiva con otras administraciones. La legislación sectorial, esencialmente autonómica, recorta constantemente el campo de actuación municipal. Sirve para demostrarlo un solo dato: la parte correspondiente a la Administración local en el total del gasto público español en 1998 fue del 12%, porcentaje idéntico al existente 20 años atrás. En tercer lugar, por la crisis de la política clásica. La exclusiva legitimidad de las urnas es insuficiente para imponer soluciones tajantes desde el poder.
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