Discriminación publicitaria

Con machacona regularidad la Administración autonómica, o sea, el PP, trata de persuadirnos de que no practica la discriminación publicitaria mediante la que favorece a unos medios de comunicación y desdeña a otros. Con la misma puntualidad se le demuestra que las habas están contadas y son bien conocidos los medios -diarios y empresas- favorecidos, incluso con partidas desproporcionadas a su tirada o difusión. Se trata de un reparto injusto y escandaloso con el que supuestamente se pretende castigar y premiar con dineros públicos los criterios informativos según su proclividad gubernamental. Al margen de la consideración legal y moral -obvia, por lo demás- que merezca esta práctica, se nos antoja que es un anacronismo, sumado a un error político. Con esta credencial de cuño autocrático difícilmente puede otorgársele crédito liberal alguno a cuantos van de liberales e imparciales por la vida. Verdad es que en este punto no se esfuerzan mucho en disimular su terca perversidad.