La proliferación de centros entorpece la atención a las mujeres maltratadas

Cuando una mujer se decide a denunciar malos tratos, tiene que hablar con 15 personas distintas antes de ingresar en un centro de acogida. El año pasado, 3.700 mujeres andaluzas se vieron en este trance: denunciaron a sus cónyuges por someterlas a malos tratos físicos o psíquicos. En los últimos tiempos, han sido tantos los organismos que se han lanzado a abrir casas de acogida, que el Instituto Andaluz de la Mujer se ha visto obligado a elaborar una normativa reguladora. Se han multiplicado los servicios de urgencia, pero no siempre funcionan con la coordinación deseable.

La situación está lejos de ser sencilla, y al propio hecho de los malos tratos y de la atención de primera mano hay que sumarle otra asignatura pendiente: la de la reinserción social de las mujeres. El bárbaro asesinato de la granadina Ana Orantes, atada y quemada viva por su marido el 17 de diciembre de 1997, provocó una cascada de campañas, teléfonos de urgencia y casas de acogida. Estas acciones, aunque bien intencionadas, no siempre dan resultados óptimos debido a la falta de coordinación y a la duplicación de servicios. Este mes aparecerá en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una norma destinada a regular las condiciones mínimas que deben reunir las casas de acogida. "Cuantos más esfuerzos se sumen en esta lucha, mejor, pero no tiene sentido tener miles de casas de acogida, porque hay muchas otras necesidades que nos cuesta más trabajo cubrir", reflexiona la presidenta del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Carmen Olmedo. La mayor parte de las acciones de las administraciones afectan a la fase de emergencia. Y la proliferación de servicios ha sido tal, que en ocasiones se vuelve en contra de las víctimas. En Málaga, por ejemplo, funcionan tres teléfonos de urgencia para mujeres: el 900 200 999 de la Junta, el 010 del Ayuntamiento y el 900 771 177 de la Diputación Provincial, además del 091 de la Policía. El primero fue el de la Junta, Pero el Ayuntamiento pensó que un número de tres cifras sería más fácil de recordar, y creó el 010, atendido por ocho letradas durante todo el día. La Diputación y el Colegio de Abogados de Málaga pusieron en marcha el otro teléfono hace un año para dar asistencia jurídica a mujeres en el medio rural. Pilar Jurado, del Partido Popular, diputada de Bienestar Social, justifica su creación en que "el Instituto de la Mujer no daba cobertura en pueblos pequeños". Lo cierto es que, hasta 1995, Diputación y Junta habían funcionado coordinadamente en este ámbito. Y en el resto de las provincias andaluzas, incluso en Almería, donde también gobierna el PP en la Diputación, lo siguen haciendo. Ésta última, que trabaja en coordinación con la Guardia Civil, ha establecido 90 plazas de acogimiento de emergencia en la provincia. Pero, igual que el Ayuntamiento, carece de casas de acogida para una estancia más prolongada. Esta circunstancia obliga a veces a las víctimas a pasar días de un lado para otro repitiendo su problema, cuando el primer derecho que establece el Procedimiento de Coordinación para la Atención a las Mujeres Víctimas de Malos Tratos es el de recibir la atención necesaria en el menor plazo de tiempo.. "Lo primero que hacen cuando llega la asistente social es sacar un montón de papeles", dice Luisa, directora de la casa de acogida del IAM en Málaga. Reinserción social Pero, a pesar de los problemas de descoordinación, la atención en la fase de emergencia es buena. Las asignaturas pendientes son la reinserción social y el tratamiento penal del maltrato. La media de edad de la mujer maltratada que denuncia es de unos 32 años, con dos o tres hijos y un nivel de formación bajo. La asignación de viviendas sociales y la gestión de la mayoría de los planes de empleo son competencia de los ayuntamientos, pero aún son pocas las acciones emprendidas en este campo. El IAM trata de paliar las carencias con una red de pisos tutelados, donde conviven varias mujeres que comparten alquiler, y con el recién nacido programa Cualifica, que ofrece cursos remunerados de orientación profesional. "Con esta iniciativa estamos muy contentas, pero necesitamos que los servicios municipales funcionen debidamente. Ahí es donde pueden desarrollar una labor impagable", concluye Olmedo.