El decano de los abogados apoya el cambio legal para despejar las dudas sobre la "transparencia" judicial

El decano de los abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, aplaudió ayer la iniciativa de impedir que la policía y los particulares puedan elegir los jueces para instruir sus causas. "Todo lo que sea ganar en transparencia y neutralidad nos parece bien, y permite que no haya conducciones de asuntos interesadas hacia ningún juzgado específico". La norma de reparto que han establecido ahora los jueces de Madrid en lo que respecta a entradas y registro es la misma que aplican desde hace tiempo sus colegas de Barcelona y Sevilla. Esta norma, que impide a abogados y policía poder elegir a los jueces deseados o predispuestos a los registros, se la autoimpusieron los magistrados de Barcelona hace poco más de un año, a raíz del llamado caso Estevill. Muchos policías, según fuentes jurídicas de Cataluña, solían pedirle a este magistrado las entradas y registros conscientes de que concedía muchas de ellas; máxime, señalan, si el afectado era una persona de alto poder económico. "Los agentes acudían a Estevill no por asuntos espúreos, sino buscando un paraguas judicial para apuntarse éxitos profesionales".

Montserrat Comas, juez instructora y portavoz nacional de la Asociación Jueces para la Democracia, señaló ayer que se modificó la norma "para garantizar la imparcialidad y desterrar cualquier duda sobre la independencia del juez, para que nadie", explicó, "pueda albergar la menor sospecha de que se puede elegir al juez".

En Valencia, informa Voro Maroto, el juez de guardia que autoriza el registro urgente de un domicilio se queda al final con el caso. Es lo mismo que se ha hecho en Madrid en los últimos años y que ahora se ha derogado en Madrid por entender que podía ser éste un cauce para elegir al juez deseado.

Cuando en 1992 los jueces de Madrid introdujeron la norma de reparto ahora abolida, con 14 votos a favor y 8 en contra, algunos magistrados advirtieron de sus perversos efectos: "Los policías saben perfectamente quiénes somos proclives a otorgar registros y quiénes no; haciéndolo así, se lo hemos puesto a huevo para que elijan". Los jueces que apoyaron esta normativa sostenían, por contra, que el objetivo era conseguir que cada juez se responsabilice de sus actos.

En Madrid funcionan todos los días tres juzgados de guardia. Dos se encargan de tomar declaración a los detenidos que lleva la policía y el tercero, llamado de diligencias, se encarga del levantamiento de cadávares y atender las denuncias.