Gordillo declara en la recusación de Liaño contra la sala que debe juzgarle

El fiscal Ignacio Gordillo declaró ayer en el incidente de recusación que el juez Javier Gómez de Liaño presentó contra los tres miembros del Tribunal Supremo que deben juzgarle por delitos de prevaricación presuntamente cometidos durante su instrucción de la causa contra Sogecable. También declaró Antonio González-Cuéllar, letrado del equipo jurídico del presidente de PRISA, Jesús de Polanco. Ninguno de los datos aportados respaldó la procedencia de la recusación, según fuentes jurídicas.

Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso Sogecable y amigo de Javier Gómez de Liaño, fue muy breve. Afirmó que el magistrado Enrique Bacigalupo, uno de los ahora recusados por Liaño, en una conversación entre varios profesores del CEU, le pidió, para comentarlo profesionalmente entre ellos, una copia de la querella que en febrero de 1997 se había presentado contra Sogecable por Javier Sainz Moreno, profesor de derecho vinculado al empresario José María Ruiz-Mateos. También precisó Gordillo que le entregó la copia al poco tiempo, "cuando ya los periódicos habían divulgado la querella", y que, pasados unos días, cuando se encontraron en el vestíbulo universitario, Bacigalupo le comentó que no veía ningún tipo de delito, a lo que él replicó que para pronunciarse habría que hacer una investigación.

Liaño pretende insinuar con este asunto que Bacigalupo tenía ya entonces interés en la causa, si bien es muy frecuente en el ámbito académico solicitar ese tipo de documentos de casos que salen en la prensa, para comentarlos entre el profesorado.

Impago de minuta

El interrogatorio del letrado Antonio González-Cuéllar estuvo centrado en su amistad con Bacigalupo. El abogado, que ha sido fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid, miembro de la Secretaría Técnica de la Fiscalía del Estado y vocal del Consejo General del Poder Judicial, reconoció que mantiene una buena amistad con Bacigalupo, pero exactamente igual que con otros muchos jueces y fiscales. El abogado de Liaño, el diputado popular Jorge Trías, presentó como prueba de la supuesta amistad entre Bacigalupo y González-Cuéllar una carta remitida por este último a un cliente, que, supuestamente, le había sido proporcionado por el magistrado, en la que le condonaba los honorarios. Según Trías, el documento le llegó de forma anónima.

El testigo precisó que su trabajo al respecto consistió "en rectificar algunos pequeños extremos de una demanda que había preparado Miguel Gómez de Liaño", hermano del juez procesado, y que, al tratarse de una mínima intervención, correspondían honorarios mínimos. Además, resultaba que el cliente había entregado un talón sin fondos como pago de los honorarios del procurador.

El letrado aportó documentos según los cuales el anónimo remitente de la carta sólo pudo ser Miguel Gómez de Liaño.