Políticos, intelectuales y universidades de toda España condenan la persecución del valenciano

El reciente gesto de la Administración de Eduardo Zaplana, que insta a los inspectores educativos a aplicar la resolución aprobada en las Cortes Valencianas por el PP y UV para fiscalizar al profesorado de valenciano que use términos tildados de "catalanistas" por la derecha recalcitrante, ha logrado que el conflicto lingüístico traspase fronteras. Cerca de 7.000 firmas de políticos e intelecturales españoles, entre los que figuran José Borrell, Camen Alborch, Julio Anguita, Antonio Gutiérrez y Rafael Recuenco y cientos de filólogos de todo el mundo condenan la persecución del valenciano.

El Manifest per la llibertad d"expressió nació ayer con el respaldo de 7.000 firmas de intelectuales, políticos, dirigentes sindicales y centenares de representantes de universidades españolas y extranjeras, contra una medida impulsada por el Gobierno Zaplana que, consideran, "superpone el control ideológico y los intereses de poder de unos determinados partidos a la racionalidad científica que debe presidir la labor docente". Se trata del primer balance de una campaña que entra en su segunda fase. Con este contundente pronunciamiento, que traspasa las fronteras valencianas y se instala en el ámbito nacional, los firmantes piden al presidente de la Generalitat y, por ende, al gobernante Partido Popular (PP) que, en nombre de "los más elementales principios democráticos" y en defensa de la libertad de expresión y de la calidad de la enseñanza, "realice las acciones políticas oportunas para que se deje sin efecto la mencionada proposición no de ley por anticonstitucional". En la práctica, el gesto busca que más allá de los pronunciamientos verbales, el presidente Zaplana dé un paso político en favor de la pacificación lingüística. "Sólo por este camino las fuerzas políticas y sociales podrán demostrar su interés real por contribuir a la solución de un conflicto interesado", se advierte en el Manifest. Reto electoral El reto se produce, además, en un momento político delicado: a punto de que se inicie oficialmente la campaña electoral autonómica que culminará el próximo 13 de junio. Una campaña a la que el PP llega sin uno de los principales compromisos adquiridos por el Gobierno Zaplana: el pacto lingüístico. Un proyecto que se ha quedado a medio camino por los constantes sabotajes de los regionalistas de UV (impulsores del secesionismo lingüístico), que han impedido materializar el acuerdo político alcanzado por el PP y el PSPV en junio y nombrar a los miembros de la futura Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el ente encargado de formalizar la unidad del valenciano y del catalán. En este contexto, cobra fuerza el apoyo de los dirigentes políticos nacionales y los candidatos a la Generalitat de los principales partidos de izquierda que suscriben esta declaración de principios. Entre ellos figuran desde la ex ministra de Cultura, Carmen Alborch, y los actuales candidatos socialistas al Gobierno y la Generalitat, José Borrell y Antoni Asunción, pasando por Julio Anguita, coordinador nacional de Izquierda Unida; Pere Major y Enric Morera, candidatos del Bloc Nacionalista Valencià (BNV) a la Generalitat y alcaldía de Valencia, respectivamente; hasta los dirigentes de CC OO y UGT, Antonio Gutiérrez y Rafael Recuenco. En la conferencia de prensa organizada en las Cortes Valencianas por la Mesa per l"Ensenyament en Valencià -entidad cívica representada por el STEPV, CC OO, UGT, profesores y asociaciones en favor de la normalización lingüística- el profesor y autor de libros de texto, Paco López, detalló las medidas políticas tomadas en los últimos cuatro años, desde la llegada del PP a la Generalitat en el ámbito de la enseñanza, que atentan contra el valenciano, como los recortes en las líneas de valenciano en las escuelas y la negativa a la retirada de la homologación de textos, lo que fuerza a las editoriales valencianas a hacer dos versiones (una para el resto de España y otra para la Comunidad Valenciana) de los capítulos donde se explica el origen común del valenciano y del catalán. Para Vicent Esteve, del STEPV, se trata de una política consciente para dinamitar el valenciano, justo ahora cuando se cumplen 15 años de la Llei d"Ús i Ensenyament del Valencià y que se ha demostrado que las escuelas "han sido las verdaderas puntas de lanza del proceso de normalización". Esto explica el contundente respaldo a la campaña de más de 5.000 firmas de profesores, consejos escolares, asociaciones de padres de alumnos y universidades de todo el mundo.