Lleida destinará a uso lúdico el terreno que ocupaba un campamento gitano

Con el desmantelamiento definitivo del campamento gitano de la avenida de Tarradellas, situado en la margen izquierda del río Segre, el Ayuntamiento de Lleida, gobernado en los dos últimos años en coalición por el PSC e IC-V, está a punto de dar carpetazo a uno de los conflictos sociales más graves -la integración de estas familias de etnia gitana en el tejido de la ciudad- que ha tenido la ciudad en la última década. En los terrenos que quedarán libres se pretende construir un complejo lúdico con carpas y bares al aire libre.

El consistorio acaba de anunciar que a primeros de mayo se trasladarán a varios pisos distribuidos por la ciudad las últimas nueve familias gitanas que en los últimos tres años han vivido en módulos prefabricados. Estas familias son las últimas de las 48 que hace 10 años abandonaron el centro histórico y se instalaron en casas en estado de ruina de la avenida de Tarradellas que habían sido expropiadas por el Ayuntamiento para ejecutar el proyecto de canalización del Segre. La presencia de estas familias en ese lugar, en condiciones de vida infrahumanas, se convirtió en una lacra urbanística y social que las instituciones no sabían cómo atajar. La falta de colaboración institucional hizo que el problema se prolongara y todos los intentos por encontrar una ubicación más decorosa para un colectivo formado por unas 280 personas de diferentes clanes acabaron fracasando a causa del rechazo vecinal. Ante la intolerancia ciudadana, el Ayuntamiento decidió en 1996 derribar todos los edificios de la zona y alojar a las familias gitanas en módulos prefabricados cedidos por el anterior Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. De forma paralela se diseñó un programa educativo para que todos los miembros del grupo pudieran adquirir en un plazo de tres años los hábitos necesarios para instalarse en viviendas sociales. Resultado satisfactorio El plazo ha finalizado y el Ayuntamiento considera que el resultado del programa de integración social ha sido satisfactorio gracias al trabajo permanente realizado por un equipo de trabajadores sociales y educadores, por lo que se dan las condiciones idóneas para realojar a las últimas familias del campamento en pisos alquilados. Las familias pagarán una parte del alquiler, cuya cuantía dependerá de sus ingresos, y el resto será asumido por el Ayuntamiento, que ha tenido que negociar con 25 inmobiliarias y 28 particulares para conseguir los siete pisos necesarios. La concejal responsable del área de Servicios Sociales, Pilar Nadal, considera que la labor municipal de integración ha sido un éxito, como lo demuestra que las demás familias que fueron instaladas en pisos no han creado problemas de vecindad. "Les hemos advertido", añadió, "que si no se comportan como les hemos enseñado les retiraremos las ayudas y tendrán que dejar los pisos". Los asistentes sociales del departamento harán un seguimiento y vigilarán la escolarización de los niños. Nadal, que mostró su satisfacción por haber podido concluir el programa de integración y lamentó la falta de colaboración de la Generalitat, señaló que para evitar las críticas de las asociaciones vecinales se ha procurado no concentrar a estas familias en un mismo barrio. De hecho, de las nueve familias, sólo dos residirán en el barrio antiguo.