Las compañías de gas devolverán 1.700 millones por el cobro indebido de tasas

Las compañías suministradoras de gas Naturgas y Bilbogas -las más importantes de Euskadi- devolverán el próximo mes de mayo a los usuarios todo el dinero cobrado en exceso por la conexión a la red del gas natural. En total, son 1.700 millones de pesetas los que reintegrarán a los miles de clientes afectados a través de un recibo único, donde se notificará lo que cobraron en su día y lo que en realidad tenían que haber cobrado. La cantidad resultante será ingresada en las cuentas corrientes de los usuarios.

Aunque 12.000 clientes son los que han materializado algún tipo de reclamación, la viceconsejera de Comercio y Consumo, Belén Greaves, indicó ayer que la devolución se hará extensible a todos los ciudadanos a los que se haya cobrado de más. Aunque no pudo precisar la cifra, aventuró que al menos podrían ser unos 36.000 abonados. El Departamento de Industria, Comercio y Consumo elaboró en enero una resolución en la que fijó los criterios para que las empresas devolvieran las cantidades cobradas en exceso. Con esa resolución, las compañías han elaborado la tabla de las tarifas, que ha recibido el visto bueno de la consejería. Así, a partir de ahora las siete compañías de gas que operan en Euskadi tendrán que cobrar por la conexión al gas 7.927 pesetas cuando se trate de pequeños o medianos usuarios domésticos, que es la mayor parte de su clientela. Sólo Bilbogas y Naturgas venían cobrando unas cifras muy superiores a esta cantidad. El resto de las empresas (Gasnalsa, Donostigas, Hernanigas, Tolosagas y Pasaiagas) se ajustaban a la tasa. En breve, el departamento dará forma de decreto a esta disposición. La resolución original otorgaba un plazo de un año para devolver el exceso, pero Bilbogas y Naturgas van a reintegrar el dinero de una sola vez en mayo. "Se ha puesto fin", recalcó Greaves, "a un conflicto social importante, muy sentido por toda la ciudadanía vasca y donde hasta el Ararteko ha intervenido defendiendo los derechos de los ciudadanos". Greaves justificó el año que le ha costado al Gobierno resolver el conflicto por la necesidad de contar con un informe de legalidad -que ha sido emitido por el Consejo de Estado al no disponer el País Vasco hasta ahora de un órgano consultivo- y por la complejidad de la redacción de la propia resolución. Servicio sin regulación La polémica del sobreprecio por los derechos de alta e inspección del gas se puso de relieve en enero del año pasado. Al no existir ninguna norma que fijara la cuantía, cada compañía aplicaba su propio criterio. El grupo municipal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de Bilbao denunció la presunta ilegalidad de la tarifa de alta y revisión tras una sentencia de la Audiencia de Burgos. En ese momento se hicieron patentes las grandes diferencias que existían en las tres capitales vascas, donde cada compañía cobraba una cantidad distinta. Mientras, Bilbogas (sociedad participada por el Ayuntamiento y el Ente Vasco de la Energía) tenía una tarifa de 22.372 pesetas, la de Donostigas (propiedad del Ayuntamiento y el EVE) era de 6.300 pesetas y la de Gasnalsa (integrada por el Ayuntamiento de Vitoria, Enagas y el EVE), de 7.125 pesetas. Por su parte, Naturgas (que suministra a varios pueblos de Vizcaya y de Guipúzcoa) cobraba el año pasado por el alta 23.460 pesetas.