La reforma de la Ley de Archivos limita la salida de documentos

Ningún documento histórico podrá salir de Andalucía sin el permiso de la Junta, aunque pertenezcan a particulares. La nueva redacción de la Ley de Archivos fue modificada ayer en este sentido por Parlamento. La reforma, aprobada con el respaldo de todos los grupos, establece la obligación del titular de los documento o archivos de comunicar y solicitar a la Consejería de Cultura el traslado con carácter previo. La consejera de Cultura, Carmen Clavo, quien agradeció el tono y el acuerdo de "fondo" de los partidos, recordó que la modificación tuvo su origen hace un año, a raíz del caso "desgraciado" de los Archivos de Medinaceli de Sevilla. Los propietarios de este patrimonio traspasaron parcialmente sus fondos a Toledo, lo que suscitó el rechazo de la Cámara autonómica y un debate ciudadano sobre la permanencia en Andalucía de sus bienes históricos. El Ejecutivo presentó incluso contra los titulares del archivo una denuncia que aún se encuentra en los tribunales. El texto regula los requisitos necesarios para pedir el traslado de un archivo y las condiciones para que se autorice. La Junta podrá ejercer derechos de tanteo o de retracto, así como la potestad para expropiar y aplicar el régimen sancionador. El portavoz del grupo popular, Eugenio Gonzálves, criticó lo que llamó "método oscuro" del PSOE, al cambiar al régimen sancionador aprovechando la modificación puntual para evitar que salgan de Andalucía archivos históricos: "Es querer colar por la puerta de atrás otras propuestas". El portavoz de IU, Francisco Ríos, aunque estuvo de acuerdo en la oportunidad de la reforma, dijo que la misma doctrina debería extender a todos los bienes muebles andaluces, porque si no, dijo, se trata de un "churro". Ríos añadió que su grupo se opone a cualquier traslado de un bien andaluz sin el consentimiento de la Junta, excepto el monolito a Clinton de Granada, que según él, debería llevarse urgentemente a EE UU.