Bolín declara hoy como imputado por un supuesto alzamiento de bienes
El alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, inicia hoy una serie de comparecencias en los juzgados de Torremolinos donde se instruyen cuatro sumarios para determinar si distintas irregularidades cometidas en su gestión, denunciadas en la Fiscalía por el Partido Popular (PP), son constitutivas de delito. Hoy en concreto Bolín será interrogado como imputado de un presunto delito de alzamiento de bienes por los contratos de usufructo de la vivienda en la que reside, que es propiedad de un empresario amigo que ha reconocido que se la cedió por favores recibidos con anterioridad.
Bolín reside en un chalé cuya propiedad perdió al no poder hacer frente a una hipoteca. El empresario Sebastián Carretero, que se ha confesado "viejo amigo" de la familia Bolín, pactó con la entidad bancaria la compra de la finca con el propósito de que el alcalde no perdiera su vivienda y le cedió el usufructo por un precio de casi 11 millones de pesetas. La operación se cerró en un acuerdo privado que ambos suscribieron el 10 de septiembre de 1996. En el citado contrato se refleja que antes de la firma del mismo Bolín entregó a Carretero la cantidad pactada. Pero éste sin embargo reconoció al juez el pasado 18 de marzo que no recibió ningún dinero en realidad y que cedió el usufructo "únicamente por los favores" que anteriormente Bolín le había hecho a él y su familia. En su comparecencia ante el juez, Carretero aseveró que conoce a Bolín desde hace 35 años, que le unen estrechos lazos de amistad, y que los 10,9 millones de pesetas en los que se estipuló el derecho de usufructo "equivale más o menos" a lo que le había prestado para sacar a flote sus negocios de restauración hace "12 o 14 años". Según consta en la denuncia presentada por los dos concejales del PP en Benalmádena, la operación se ocultó de forma que no se liquidó el impuesto de transmisiones ni se inscribió en el Registro de la Propiedad para evitar que Bolín fuera embargado por sus acreedores. El alcalde de Benalmádena tiene declarado en el registro de intereses del Ayuntamiento que no posee bien alguno ni más ingresos que los que percibe del consistorio. El sueldo de Bolín está además embargado por orden de un juez de Fuengirola para hacer frente a deudas que superan 34 millones de pesetas. Según declaró Carretero al juez, éste pagó al banco con el que Bolín tenía concertada la hipoteca de la vivienda 10 millones de pesetas para ejercer la opción de compra. Luego solicitó un préstamo a Unicaja, constituyó una hipoteca y compró la finca al banco adjudicatario, pero finalmente decidió que Bolín "continuara en precario en la vivienda debido a la amistad" que les une. Carretero aseguró que se liquidó el impuesto de transmisiones que ascendió a 655.223 pesetas. En la denuncia del PP se hace constar que el negocio de Sebastián Carretero ha recibido un trato preferente por parte del Ayuntamiento de Benalmádena desde que Bolín accedió a la alcaldía en junio de 1995 y que Carretero contribuyó a financiar la campaña electoral del Grupo Independiente de Benalmádena que preside Bolín, extremo éste que fue negado tajantemente por el empresario en su declaración ante el juez el pasado 18 de marzo. El sumario por el presunto alzamiento de bienes lo instruye el Francisco Liñán Aguilera, titular del juzgado de instrucción número cuatro de Torremolinos. Pero no es el único caso. Otros tres juzgados instruyen causas por delito contra el ejercicio de los derechos civiles, malversación y delito urbanístico, por los que Bolín tendrá que volver a prestar declaración en los próximos meses. El juez ha apercibido a Bolín por un escrito que envió a varias personas que aparecen relacionadas en la denuncia del PP y que presumiblemente serán citadas a declarar por los instructores. En este escrito Bolín les advierte de la apertura de las diligencias y les recomienda que se personen en ellas para ejercer su derecho a la defensa. Denuncias La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga instó el pasado 27 de enero al juzgado decano de Torremolinos a abrir diligencias previas en procedimientos separados por los presuntos delitos mencionados. La Fiscalía adoptó esta decisión tras estudiar dos informes-denuncia presentados por los dos concejales del PP en agosto de 1998 y enero de 1999. Curiosamente, el Partido Popular, que mantiene esta actitud combativa contra Bolín, impidió con sus votos el pasado martes en la Comisión Mixta Congreso Senado que el Tribunal de Cuentas investigue la hacienda municipal de Benalmádena.
