Los juecen admiten una demanda de la UAB por la carga policial en la visita de Aznar

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite una demanda contencioso administrativa de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) contra la Jefatura Superior de Policía por la carga que los agentes de policía efectuaron el pasado 14 de enero contra un grupo de estudiantes que protestaba por la visita del presidente del Gobierno, José María Aznar, al Instituto Nacional de Microelectrónica. Los jueces consideran que existen indicios para admitir el recurso por supuesta vulneración del derecho constitucional de reunión de los manifestantes.

El recurso de la universidad contra los agentes de la unidad de intervención (policías antidisturbios) fue presentado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la encargada de resolver las demandas que afectan a los derechos fundamentales de las personas. La fiscalía se opuso a que el recurso fuese admitido a trámite por considerar que no afectó a ninguno de esos derechos y libertades. Sin embargo, los abogados del bufete Alcántara, que representaban a la UAB, explicaban que la carga policial violó varios derechos constitucionales, como el de la autonomía universitaria, la inviolabilidad del domicilio, de manifestación y de reunión. Al final, la Sala sólo ha aceptado este último argumento, al amparo de la "vía atractiva", según afirma, del artículo 122.1 de la ley contencioso administrativa. Ese artículo permite a los ciudadanos recurrir ante los tribunales cuando las autoridades prohíban o modifiquen su derecho a manifestarse en un lugar concreto. El edificio está en el campus Los abogados recurrentes aseguran que eso es lo que ocurrió frente al Centro Nacional de Microelectrónica que visitaba Aznar, "sito dentro del campus de la UAB", según los jueces. La delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas, negó tras la carga que la policía hubiese entrado en el campus universitario, algo que desmintieron las fotografías publicadas días después. La contundente actuación de los antidisturbios contra los manifestantes provocó la queja unánime de todos los partidos políticos, excepto el PP, y obligó al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, a comparecer en el Congreso y afirmar que hubo falta de previsión. Sin embargo, lo cierto es que la visita de Aznar motivó la orden policial número 5 / 99 "relativa al dispositivo de seguridad" que fue emitida días antes. Así consta en un escrito de la policía aportado a las diligencias penales que tramita el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cerdanyola. El rector de la UAB, Carles Solà, denunció en el juzgado de guardia la carga policial el mismo día que se produjo. Días después fue la policía la que denunció lo ocurrido y ambas denuncias fueron unificadas. Actualmente se está evaluando el alcance de las lesiones que sufrieron los 14 manifestantes que resultaron heridos, así como los polícías, además de los desperfectos en el mobiliario, las instalaciones de la Autónoma y el material de los antidisturbios. En esas diligencias aparece una singular decisión de la juez Luisa María Prieto Ramírez, que ordena a la "Policía Nacional de Cerdanyola" que "concrete el agente que dio la orden dirigida a la adopción de medidas de compulsión en las inmediaciones" de la UAB.