La Junta y el Ayuntamiento de Málaga no asumen responsabilidades en el caso del bebé maltratado

Ni la Junta ni el Ayuntamiento de Málaga asumen responsabilidades por el caso de Tamara, la niña de nueve meses molida a palos por sus padres casi desde su nacimiento. Ambas administraciones no tenían ni siquiera constancia de su existencia hasta que el domingo la denuncia de un vecino sacara a la luz un brutal cuadro de malos tratos. Ayer, responsables de Asuntos Sociales de la Junta y el Ayuntamiento sostuvieron una reunión y acordaron "profundizar la comunicación" para detectar situaciones de riesgo, pero no admitieron fallo alguno en sus actuaciones.

"Puede perfeccionarse la coordinación, pero hay situaciones muy específicas en algunas parejas que por muchos mecanismos de control que se establezcan se te pueden escapar", dijo la delegada de la Consejería.Ana Paula Montero insistió en que no hubo ni negligencia ni descoordinación. Estas afirmaciones contrastan con las manifestaciones hechas el martes por el consejero, Isaías Pérez Saldaña, quien sí admitió que había habido descoordinación. Lo que reconoció Montero fue que "un caso se ha escapado", aunque lo atribuyó a la movilidad de la madre que tuvo su primer hija en Sevilla, otros dos en Málaga, un cuarto en una prisión de Madrid y a Tamara, la quinta, en Granada. Los padres tenían antecedentes por abandono y explotación de sus cuatro hijos anteriores, pero no por malos tratos, delito por el que están en prisión desde el domingo. Las conclusiones del encuentro fueron resumidas en un escueto comunicado en el que se señala que "gracias a los mecanismos existentes se ha dado respuesta a casos de situaciones de riesgo", pero que "en circunstancias especiales puede resultar imposible que los mecanismos de detección establecidos en Málaga funcionen de la forma adecuada". Por eso, Montero aclaró que no piensa dimitir, como el jueves reclamaron IU y PP. La concejala de Asuntos Sociales, Mariví Romero, no participó en la rueda de prensa convocada tras el encuentro. Montero incluso excusó su ausencia en que tenía otra reunión. La edil, en cambio, aseguró que nadie le informó que estaba prevista una comparecencia ante los medios de comunicación. "A las 11,15 terminó la reunión y me fui porque nadie me dijo que había rueda de prensa. No es de recibo que tengamos una reunión para coordinarnos y que 20 minutos después hagan esta jugarreta", criticó Romero. La concejala insistió en que el ayuntamiento no ha tenido ninguna responsabilidad sobre el caso porque desde 1988, en que alertó a la Junta de que la pareja constituía una familia de riesgo, el expediente pasó a la administración autonómica. Desde que se destapó el caso, el ayuntamiento ha insistido en que las competencias en protección de menores corresponden a la Junta, argumento con el que ha intentado eximirse de responsabilidades. La delegación de Asuntos Sociales aprovechó ayer rueda de prensa para distribuir copia de la Ley del Menor cuyo artículo 18 establece que las corporaciones locales son competentes "para la detección de menores en situación de desprotección". A raíz del caso de Tamara, la Junta ha decidido crear un banco de datos con las familias de riesgo y revisar 55 expedientes de parejas que reúnan ese perfil. En Málaga, el Servicio de Atención al Niño de la Junta, tramita cada año mil expedientes. En la actualidad tiene abiertos unos 2.400, de los que el 8% es por malos tratos. En contra de lo manifestado por Montero, fuentes de la Fiscalía de Menores opinaron ayer que hubo descoordinación entre administraciones. "Pero no vemos responsabilidad penal", aclararon. La fiscalía pedirá una reunión con las instituciones involucradas en la protección de menores para mejorar la coordinación.