Objetivo indiscreto

La adhesión española al Mercado Común, por la que tanto abogó, con su lucidez característica, Vicent Ventura, firmada el 12 de junio de 1985, imponía el cumplimiento de un periodo transitorio de progresiva desarancelización, desde el 1 de marzo de 1986 al 1 de enero de 1993, para adaptar la estructura económica e industrial española a los imperativos propios de la unión aduanera europea, sin que ello resultara traumático. El punto de partida para el desarme arancelario, de los productos industriales, era el que estaba vigente desde el Acuerdo Preferencial Comercial de 1970, el 12,7% para el arancel español y el 3% para la tarifa exterior comunitaria como media. Pero la integración a la Comunidad Europea suponía, además, la adopción de su tarifa exterior frente a países terceros. Esto significaba asumir una actitud más abierta, no sólo ante los países comunitarios, sino también ante los extracomunitarios. El resultado de la integración europea, que culmina con la creación de la Unión Económica y Monetaria, trae sin duda, modificaciones en la actual distribución geográfica de la actividad económica. El resultado final del proceso depende, tanto de la posición de partida de cada economía, como de las políticas económicas, y de otro tipo, como infraestructuras, que se activen para incentivar el desarrollo económico de las menos favorecidas. Para ello, en el Consejo Europeo de Edimburgo de 1992, en el que se aprobaron los presupuestos plurianuales 1993/99, se acordó duplicar las acciones estructurales, y la creación del fondo de cohesión, mediante la aprobación del paquete Delors II. Así, ha resultado para España, desde 1993 a 1999, una transferencia superior a 7,2 billones de pesetas de fondos estructurales, y sólo de cohesión de 1,7 billones de pesetas. España ha pasado de una renta per cápita del 70% de la renta media comunitaria en 1986, cuando se inició la adhesión, a otra del 78% en 1997. Para los próximos años 2000/2006, se ha aprobado en el Consejo de Berlín la recepción de fondos estructurales, unos 7,6 billones de pesetas, y por otro lado, la recepción de 1,8 billones de pesetas, de fondos de cohesión. Estas cifras suponen un recorte de hasta 180.000 millones de pesetas anuales respecto a la propuesta de la Agenda 2000 presentada por la Comisión Europea y apoyada por el gobierno Aznar, pero sobre todo una reducción de alrededor de los mismos 180.000 millones de pesetas anuales, con respecto a la cantidad asignada a España, para ambos tipos de fondos, en el actual año 1999. Ello resulta de esta manera, por cuanto el paquete Delors II, comenzó prácticamente a aplicarse a partir de 1994 con lo cual la cifra global de los años 1993-1999, hay que repartirla, casi en su totalidad, más entre seis que no en siete años, con lo cual la cifra obtenida para 1999, no se alcanza anualmente, con el aumento aplicado para los años 2000/2006, en el Consejo de Berlín. Por otra parte la economía valenciana, al contar con una renta per cápita inferior al 75% de la renta media comunitaria, se encuentra entre las regiones denominadas Objetivo 1. Ello da derecho a participar en el reparto de los fondos estructurales, destinados a las regiones menos desarrolladas. También participa de los fondos de cohesión para países con renta inferior al 90% de la media comunitaria, dirigidos a la creación de infraestructuras en materia de transporte y proyectos relacionados con el medio ambiente. En cualquier caso se trata de un verdadero objetivo indiscreto, pues el tiempo que facilita la obtención de fondos europeos, revela el grado de debilidad de la economía regional. Según los datos hechos públicos en noviembre pasado, por la agencia estadística comunitaria, Eurostat, la economía valenciana tuvo una renta del 74,37% de la media de la Unión Europea entre 1994 y 1996, lo que le da derecho a participar en los fondos estructurales y de cohesión europeos entre los años 2000 y 2006, por importe, que no debe ser inferior al del periodo anterior, de hasta un billón de pesetas. Por otro lado, por detrás de la economía valenciana en renta per cápita sólo figuran, para los años considerados, las comunidades españolas de Asturias, Murcia, Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía y Extremadura. La situación de la economía valenciana por debajo del 75% de la renta media comunitaria no se justifica sólo por el incremento de la población valenciana. Cabría también encontrar la explicación en la evolución de los sectores económicos valencianos y en la disminución de su competitividad exterior incluso con respecto a la española, lo que ha supuesto la reducción de su porcentaje de exportación en los últimos años, y quizás con carácter previo, el bajo índice de investigación más desarrollo, al que tuvo oportunidad de hacer referencia el ministro de Industria, Josep Piqué, en la inauguración de la Jornada Universidad-Empresa en la Universitat de València, y también los bajos niveles de formación en la industria, que se manifiestan para la economía valenciana, en los estudios financiados por la Fundació Bancaixa, sobre capital humano.

Alejandro Mañes es gerente de la Fundació General de la Universidad de Valencia.