El sindicato COAG reclama soluciones contra la elevada siniestralidad en el campo
Los datos oficiales indican que, de los 677.138 accidentes durante la jornada laboral con baja registrados en España durante 1997, 39.405 correspondieron a las actividades agrícolas, pecuarias y forestales. En ese mismo año se produjeron en el sector agrario 1.043 accidentes graves, con el resultado de 62 muertes, según un estudio realizado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).Desde 1993, los accidentes laborales con baja han pasado de 31.903 a 45.447 en 1997, lo que representa un aumento de casi el 50%. Para el responsable del trabajo, Emilio Barco, esta situación reflejaría la existencia de una siniestralidad elevada en el sector agrario, pero que en realidad es muy superior. Se estima que del total de los agricultores, ganaderos o trabajadores forestales pertenecientes al régimen especial agrario de la Seguridad Social, solamente el 50% cotizan por contingencias de baja laboral. Además, el hecho de que haya una franquicia de 15 días en los accidentes para acceder a las prestaciones hace que miles de accidentes leves y menos graves ni siquiera figuren en los registros oficiales.
Para los responsables del sindicato COAG, existe una elevada siniestralidad agraria consecuencia tanto de la falta de información sobre los riesgos que tiene el agricultor a la hora de manipular la maquinaria o los productos agroquímicos como por la falta de medidas de prevención y controles desde las respectivas comunidades autónomas.
De acuerdo con los datos recogidos en este estudio, sobre el papel, la mayor siniestralidad corresponde a la utilización de la maquinaria agrícola, y muy especialmente a los tractores. Sin embargo, se considera que existen de hecho iguales o mayores riesgos en el uso de agroquímicos sin la suficiente información, cuyos efectos no se ven inmediatamente como un accidente, pero que pueden tener a corto y medio plazo unos efectos mucho más negativos.
COAG, a la vez que denuncia esta situación, reclama la redacción de un plan de información y formación para prevenir los accidentes laborales en el sector agrario, incluyendo en el mismo una mayor coordinación entre la Administración central y las comunidades autónomas.
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