Una fiscal pide prisión para cinco guardias civiles acusados de proteger un prostíbulo de Orihuela La acusación pública declara que se acostaban con prostitutas y recibían regalos millonarios

Comían y bebían gratis, e incluso se acostaban sin pagar con las mujeres que trabajaban en el lujoso prostíbulo Pipo"s de Orihuela. Eran guardias civiles que, según la acusación pública, recibían estos y otros suculentos favores a cambio de proteger el lupanar. Cinco miembros del cuerpo uniformado se enfrentan a penas de prisión, multas e inhabilitación para ejercer sus cargos por el delito cohecho. El juicio, aún sin señalar, se celebará en la Audiencia de Alicante. La fiscal asegura que durante 1992 visitaron con frecuencia el próstibulo estando de servicio.

A cambio de hacer la vista gorda, dice el ministerio fiscal, recibían del dueño del club, José Vera Ruiz, también procesado en esta causa, bebida y comida gratuita y servicios sexuales de las mujeres que allí trabajaban, la mayoría de ellas inmigrantes.Según la fiscal María Jesús Grau, Fernando Leiva Camacho, José Martínez López Antolinos, José Parra Salas, Antonio Román Rodríguez y Andrés Guillén Martínez, todos guardias civiles adscritos a la demarcación de Orihuela, visitaban con frecuencia en 1992 el prostíbulo en el ejercicio de sus funciones, sin ninguna intención de investigar el delito de prostitución que se llevaba a cabo en el negocio. El fiscal relata en su escrito de acusación que el subteniente José Parra, ex jefe de la línea de la Guardia Civil en Orihuela, aceptó como regalo del dueño del local una finca rústica en Torres de Cotillas (Murcia). Cheques y parcelas La parcela -tasada en 19.813.984 pesetas- fue inscrita a nombre de Francisco de Asís Parra Balanza, hijo del guardia civil, también procesado y miembro del cuerpo uniformado, quien aceptó la donación "a pesar de conocer" a cambio de qué se le transmitió esa propiedad. Aún hubo más. Según la acusación pública, el subteniente recibió dinero en dos ocasiones, "375.000 pesetas en agosto o septiembre de 1992", y un cheque, del que se desconoce su importe, en abril o mayo de ese mismo año. El propietario del lupanar entregó, siempre según la calificación del fiscal, un turismo BMW al guardia civil Andrés Guillén Martínez. El agente lo estuvo utilizando hasta que comenzaron a instruirse las diligencias. Luego desapareció misteriosamente. Los acusados se enfrentan a las penas de dos años, cuatro meses y un día de prisión menor y multas millonarias, e inhabilitación especial durante siete años por cohecho, más un año de inhabilitación especial para ejercer cargo público. Todo comenzó con el despido de un antiguo empleado del club, Gregorio Roncero, quien solicitó 480.000 pesetas de indemnización. Al fracasar su reclamación, Rocero intentó extorsionar a su antiguo jefe, José Vera, en diciembre de 1993 con un video de 25 minutos de duración grabado en el local que recogía la presencia de guardias civiles. Aconsejado por varios agentes, Vera presentó una denuncia contra Roncero ante la imposibilidad de impedir la difusión de la cinta. Dedicido ya a destapar el caso, el antiguo empleado prestó declaración ante el juez de Orihuela Manrique Tejada. El magistrado intervino dos videos que Rocero había vendido al semanario Interviú. Aunque en las grabaciones aparecían una docena de guardias, alguno de alta graduación, sólo cinco de ellos han sido imputados por el juez.