Condenado un policía a 10 años de cárcel por matar a un taxista

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un policía nacional a 10 años de prisión por matar de un disparo a un taxista, a la salida de una whiskería de la localidad de Alcorcón (140.000 habitantes), después de que ambos mantuvieran una fuerte discusión.El agente del Cuerpo Nacional de Policía estaba fuera de servicio, pero los magistrados declaran la responsabilidad civil subsidiaria del Estado porque la psicóloga de la Dirección General de la Policía que trataba al agente, que sufría depresión, no recomendó que le retiraran el arma reglamentaria.

Los hechos juzgados por la Audiencia de Madrid ocurrieron el 8 de junio de 1994, a las tres de la madrugada. El acusado, Miguel L. M., de 46 años, discutió con el taxista Francisco Javier C.R., de 33 años, en el interior del local. Ambos salieron a la calle, donde reanudaron la discusión y comenzaron a forcejear. Cuando el taxista se disponía a marcharse del lugar, fue requerido por el policía nacional, quien le amenazó de muerte.

En ese momento, volvieron a enzarzarse momentáneamente en una nueva pelea hasta que Miguel fue arrojado al suelo por su contrincante, que intentó marcharse de nuevo.

El agente, por segunda vez, llamó la atención del taxista. Le increpó diciendo: "¡Ven, que te voy a matar!", momento en que su oponente se abalanzó de nuevo contra el policía. Miguel le disparó tres veces, alcanzándole sólo en una ocasión. Ese tiro le causó la muerte.

La cartera perdida

Seguidamente, el policía abandonó el lugar, sin percatarse de que se le había caído su cartera durante la pelea. La billetera fue hallada posteriormente por los investigadores. Gracias a esta circunstancia el condenado fue localizado esa misma madrugada en su domicilio y quedó detenido poco después.El acusado había ingerido una considerable cantidad de bebidas alcohólicas y padecía una depresión como consecuencia de su separación conyugal, por lo que el juez redujo la pena que pedía el fiscal, 14 años de prisión, a 10 años.

En cuanto a la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, la sentencia afirma que ha de ser declarada teniendo para ello en cuenta que el procesado era funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y que fue examinado en varias ocasiones un mes antes de que sucedieran estos hechos por una psicóloga de la Dirección General de la Policía, que no sugirió que le fuera retirada el arma reglamentaria, con la que cometió el crimen unas semanas después.

Por este motivo, el Estado deberá hacerse cargo de los 25 millones de pesetas de indemnización para la familia de la víctima si el condenado se declarara insolvente.