El Parlamento, a la cola

NO PUEDE decirse que el Gobierno haya estado sobrado de reflejos a la hora de dar explicaciones a la opinión pública y al Parlamento sobre la implicación de España en la operación de la OTAN sobre Yugoslavia. El ministro de Defensa, Eduardo Serra, acudió al Congreso el viernes último, cuatro días después de ordenado el ataque, forzado por el creciente revuelo político generado por esa ausencia de reacción. El presidente del Gobierno, José María Aznar, hizo su primera declaración oficial más de 24 horas después de que el secretario general de la OTAN, Javier Solana, hiciera pública su decisión de atacar. Su capacidad de improvisación resultó nula. De todos los jefes de Gobierno de los países de la OTAN participantes en los bombardeos de Yugoslavia, el español fue el último en pronunciarse públicamente sobre el conflicto. También el Parlamento español ha sido el último en recibir algún tipo de explicación por parte del Gobierno sobre la operación. Con razón, la oposición se ha sentido ninguneada y, a través de ella, el resto de los ciudadanos.La explicación más bondadosa de esa tardanza es que se deba a una errónea o deficiente evaluación de la situación, derivada del deseo de minimizar la implicación militar de España en el conflicto. El distancimiento del ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, y la práctica desaparición del de Defensa, Eduardo Serra, en los primeros momentos del conflicto se pueden analizar, quizás, por el deseo inicial del Gobierno de transmitir el mensaje de que lo que sucedía en Yugoslavia no afectaba demasiado a España. Pero la realidad es que afecta a nuestro país, y mucho, y que tiene una gravedad suma, como el resto de los Gobiernos participantes en la operación militar no han ocultado a sus ciudadanos.

Pero la versión más plausible del ninguneo parlamentario tiene que ver con la concepción que del poder legislativo tiene de forma habitual el Ejecutivo de Aznar: no es la primera vez que se le aparca en asuntos de mucha trascendencia como es el que nos ocupa. Esa actitud no se corresponde, desde luego, con su promesa electoral de 1996 de hacer del Parlamento "el centro de la vida política" y de dotarle de capacidad "para exigir la respuesta del presidente del Gobierno a preguntas e interpelaciones de especial relieve". Que una vez iniciadas las operaciones militares nadie del Gobierno se apresurara a ir al Congreso es una forma de desmentir en la práctica esa prometida "centralidad política" del Parlamento. Si Aznar se reserva para asuntos que, a su juicio, puedan ser de mayor interés para España, lo cual puede ser calificado por lo menos de curioso, alguien del Gobierno tendría que haberse apresurado a dar esas explicaciones. Pero es difícil admitir que la implicación militar de España en Yugoslavia pueda tener menor importancia que algunas de las cuestiones a las que Aznar debe responder en los plenos del Congreso de los miércoles.

Desde el Gobierno se ha intentado en un primer momento justificar su actitud. Algún ministro ha llegado a señalar que, al no tratarse de una guerra propiamente dicha, no era prioritario un debate en el Parlamento. Pero, al margen de cómo se llamen las cosas -los serbios hablan de " estado de guerra"-, de lo que no hay duda es de que se trata de una acción bélica en toda regla. Tampoco puede decirse que la implicación española sea tan escasa. Además de los cuatro aviones de combate y uno de transporte implicados directamente en la operación y de otros que están a disposición de la OTAN, España contribuye con algunos barcos a misiones de vigilancia del Adriático y ha autorizado a EEUU el despliege de aviones cisterna desde la base de Morón de la Frontera(Sevilla). Además, no hay que olvidar los 1.350 militares españoles destacados en zonas próximas a la del conflicto (250 en la zona de Bosnia bajo control serbio) en misiones de carácter humanitario. La contribución española es la que el Gobierno ha decidido y compromete a España igual que a los otros países que contribuyen a la operación con mayores efectivos. Salvadas las distancias, el conflicto de Serbia exige la misma relación entre Gobierno y Parlamento que la que hubo durante la crisis del golfo Pérsico hace nueve años. Si en aquel conflicto, en el que España participó con una fragata y dos corbetas en retaguardia, se llegó a una relación fluida y equilibrada entre el Gobierno y el Parlamento, ello se debió en gran medida a la presión ejercida por el Partido Popular, entonces en la oposición. Pues ahora se trata de que este partido haga como Gobierno lo que legítimamente exigió como oposición y que prometió hacer si llegaba al poder: convertir al Parlamento en centro de la vida política como corresponde en una democracia. El conflicto de Serbia, la implicación española y sus posibles consecuencias merecen un debate serio y oportuno en el Parlamento como ha pedido la oposición. Y con Aznar dando la cara.