"El Banco Europeo también debe velar por el empleo"

A los 18 años participó en la Caputxinada, la asamblea del Sindicato Democrático de Estudiantes celebrada en marzo de 1966 en el convento de los Capuchinos de Sarrià. A los 40 se marchó a Bruselas, donde durante 10 años ha sido director de relaciones económicas exteriores en el servicio jurídico del Consejo de la Unión Europea. Ahora publica un libro crítico, pero constructivo, tras su etapa comunitaria, titulado Derecho y práctica de las Relaciones Exteriores en la Unión Europea (Cedecs Editorial, Barcelona 1988). Pregunta. Dice en su libro que la Comunidad Europea no funciona y que se ha convertido en una gran burocracia. Respuesta. La esencia de mi crítica apunta a la idea de desgobierno y descontrol, que creo que es justificada. El problema grave es la ausencia de un verdadero Gobierno en la Unión Europea. Sobre la burocracia, no hay que exagerar porque hay muchos menos funcionarios de lo que la gente piensa. P. ¿Cuántos hay? R. Depende de cómo se cuenten. En la Comisión hay unos 15.000 en plantilla, en el Consejo unos 2.000 y en el Parlamento otros 2.000. Pero en la Comisión hay muchas personas que trabajan como prestadores de servicios. Por tanto, 20.000 funcionarios no es una enorme burocracia si se compara con muchos ministerios. El problema es que se trata de una Administración desgobernada donde los funcionarios concentran más poder que en una Administración nacional. Además, la Administración comunitaria no se rige por un derecho administrativo general. En Bruselas no hay un equivalente a la ley de procedimiento administrativo. P. ¿Qué consecuencias tiene para los ciudadanos que Bruselas no tenga ley de procedimiento administrativo? R. Que en una Administración normal la gente sabe que está sometida a unas reglas, a veces excesivas, pero que tienen la virtud de ser el cuerpo de reglas de la Administración. En cambio, en la Comisión Europea las reglas que existen para gestión de los programas -lo que ahora ha provocado la crisis- están hechas en la mayor parte de los casos para cada programa. Por eso, entre los funcionarios no existe el sentimiento de estar sometidos a reglas iguales para todos y de ser parte de una Administración. En cambio, en sus países los ciudadanos pueden reclamar cierta unidad de acción gubernamental. P. Llega a decir que la Comisión es un conglomerado de direcciones generales no coordinadas entre sí. R. Hay un problema jurídico por el hecho de que la Comisión es una institución colegiada, sin un poder central que la controle y le dé unidad. El presidente de la Comisión sólo es un primero entre iguales y las decisiones se deben tomar por mayoría. La teoría de que todos los comisarios deben sentirse responsables de todo conduce, en la práctica, a lo contrario: salvo en los grandes temas, todos están dispuestos a decir que sí a las decisiones de los demás con tal que los demás también les digan que sí a las suyas. P. La reciente crisis en la Comisión ¿podría haberse saldado sólo con la dimisión de los afectados por las irregularidades destapadas por el comité de sabios? R. Podría haberse dado el caso, pero hay que fijarse en que en un Gobierno nacional, al existir el Gobierno en singular y los ministros en plural, tiene sentido que un ministro dimita o cese. En la Comisión no existe esta distinción entre el Gobierno y los ministros. Cada comisario puede decir que no tiene poder de decisión autónomo y, por tanto, la dimisión conjunta tiene sentido. Pero yo interpreto que parte de la crisis actual es resultado del descubrimiento del Mediterráneo. Quiero decir que los comisarios han descubierto a través del comité de sabios algo que podrían y deberían haber conocido antes, pero de lo que no eran y no querían ser conscientes. P. Su experiencia se centra en el Consejo de la Unión Europea y asegura que a veces se rellenan sus reuniones con asuntos sin contenido. R. Se olvida que el que legisla en Bruselas no es la Comisión, sino el Consejo, con una intervención mayor o menor y a veces nula del Parlamento Europeo. El Consejo de la Unión Europea es la institución con poder jurídico que toma las principales decisiones en el seno de la Unión. El problema es que el tratado lo configura como una institución, pero no funciona así porque lo que hay son consejos sectoriales de ministros. Y el que haya consejos sectoriales nos sirve sólo en parte porque nos gustaría identificar un Gobierno. Por eso, ni la Comisión ni el Consejo son capaces de asegurar la unidad de acción y de gobierno en el seno de la Unión. P. ¿Qué salva entonces de la Comunidad Europea? R. Salvo dos cosas que me parecen esenciales. La construcción europea ha contribuido a reducir o eliminar el conflicto entre grandes potencias que ha ensangrentado Europa dos veces en este siglo. Y salvo el mercado único, que a la enorme mayoría de los ciudadanos les parece bien. Pero lo que me parece incorrecto es que por un europeísmo beato, que no tiene ningún sentido después de 40 años de vida de la Comunidad, haya que seguir subrayando los logros y ocultando las insuficiencias. Y las insuficiencias son evidentes. El europeísmo no está en discusión, pero no se puede ser ciego e incapaz de analizar. P. ¿No cree que Maastricht ha supuesto una contribución a la estabilidad monetaria y fiscal? R. Hay aspectos positivos innegables en la unión monetaria, pero se ha hecho sin mecanismos eficaces de coordinación de las políticas económicas y hay mucha más unión monetaria que económica. Pensemos que el Tratado de Maastricht orienta al BCE [Banco Central Europeo] sólo a la estabilidad de precios. Todos vivimos el año pasado las convulsiones de los mercados financieros mundiales, que no llegaron a una catástrofe en parte por la acertada intervención de la Reserva Federal norteamericana. La pregunta es qué habría pasado en octubre si la Reserva Federal no hubiera asumido como propia no sólo la estabilidad de los precios en Estados Unidos, que no estaba en cuestión, sino la responsabilidad de serenar los mercados y contribuir así al crecimiento. El Tratado de Maastricht haría difícil que el BCE lo hiciera porque le atribuye un objetivo distinto. P. ¿Cree que el BCE debe colaborar en la política económica general? R. Sí, y a veces se quiere olvidar que la unión monetaria no es otra cosa que una competencia de la Comunidad Europea. Por lo tanto, el BCE está sometido a ciertas obligaciones generales que se imponen a todas las instituciones. No se sitúa fuera, sino dentro de la Comunidad. P. ¿Quiere decir que ante una futura crisis económica el BCE no debería mirar sólo el nivel de inflación y liquidez monetaria? R. Sí, pero sabiendo que en la ley que crea la Reserva Federal norteamericana se le encomienda no sólo velar por la estabilidad de los precios, sino también por las condiciones de crecimiento, mientras que al BCE en Maastricht se le encomendó sólo la función de guardián de la estabilidad de los precios. Pero los juristas sirven para algo y por eso decimos que el BCE está dentro de la Comunidad Europea y, por tanto, sometido a sus objetivos generales, sin olvidar que habría quedado más claro si el Tratado de Maastricht lo hubiera dicho. P. ¿Cómo se resolverían posibles diferencias de interpretación? R. No tengo la menor duda de que si el tema llegara al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, interpretaría que el BCE debe colaborar con las políticas generales. Los artículos 2 y 3 del Tratado de la Comunidad Europea dicen que la Comunidad tiene por misión, y por tanto también el BCE, no sólo promover un desarrollo no inflacionista, sino también un nivel de empleo elevado y el aumento del nivel de vida. P. Para impulsar la Comunidad, ¿no cabe otra solución que cederle más soberanía? R. Creo que muchos ciudadanos europeos estarían dispuestos a ceder más soberanía. Lo que sucede es que da la impresión de que esto no funcionaría. Lo prioritario ahora no es huir hacia adelante, sino poner orden en lo que ya existe y gestionar bien lo que hay, que creo que es suficiente. El Tratado de la Unión Europea puede ser reinterpretado en su aplicación sin necesidad de modificarlo. Por ejemplo, en el tratado no se habla de consejos, sino del Consejo. Me da miedo que con una política de huida hacia adelante se dejen de hacer cosas en los países con la excusa de que se harán en Bruselas, que al final no las hará porque muchas veces no tiene los instrumentos. Esto es muy peligroso.