Desconfianza

Esta semana el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha presentado la Memoria Anual del Tribunal andaluz. Cuenta que la situación de la justicia no ha empeorado desde 1997, y plantea la reforma de la Ley de Jurado. Dice, sin rubor, que esta institución debe quedar reservada para los delitos fácilmente comprensibles, pues los miembros de los tribunales populares no saben enjuiciarlos. Sin embargo, los datos de la Memoria no invitan al optimismo. Las salas penal, civil y social mantienen el mismo índice de asuntos pendientes y las de lo contencioso-administrativo han rebasado los 50.000 casos con un retraso que hace imposible el derecho de los ciudadanos a un proceso sin dilaciones. Estas palabras de optimismo y de reforma del presidente son preocupantes y no porque pretendan aliviar su responsabilidad en el atasco, que alguna le corresponderá por el cargo que ostenta, sino porque vuelve al lenguaje que empleó en abril de 1998. Entonces eran periodistas y ciudadanos -que no sabían contestar las encuestas-, los responsables de la imagen de la Justicia y ahora, muestra la misma desconfianza hacia los ciudadanos cuando afirma que el jurado sólo es válido para el enjuiciamiento de delitos fáciles de enjuiciar. A cambio de la impreparación, a su juicio, del ciudadano, quiere tranquilizar con el hecho de que, cada vez más, los jueces se implican con la sociedad. De poco vale el dato, aunque sea verdad, si el presidente de los jueces pone trabas a la implicación de los ciudadanos en la Administración de Justicia a través del jurado, que contempla como una institución rival a los tribunales tradicionales o, al menos, eso parece reflejar sus palabras. Decía Montero Ríos, ministro de Gracia y Justicia, que el jurado debe ser tratado con la dignidad y el afecto de un hermano y no de un rival. Manifestaciones como las de Méndez de Lugo, que quieren limitar la presencia constitucional del jurado, pueden inducir a recorrer un camino que recorte la dignidad de los ciudadanos, negando su participación en la administración de una Justicia cuya imagen de deterioro no se la ha dado el jurado, sencillamente porque esta institución no existía.