IU pregunta al Gobierno por qué Esperanza Aguirre y Juan Ignacio Barrero cobran dos sueldos oficiales

IU ha presentado una pregunta al Gobierno para que explique por qué los ex ministros y altos cargos cobran una indemnización (el 80% de su sueldo) tras ser cesados y, a la vez, perciben su nuevo salario oficial. Aunque no se nombra a nadie en el texto, su diputado Pedro Antonio Ríos aclaró que, entre otros, se refieren a la actual presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, y a su predecesor, Juan Ignacio Barrero. Aguirre cobra mensualmente unos tres millones de pesetas brutas; Barrero, 2,5.La indemnización para los ex ministros y altos cargos se fijó para compensarles por los dos años que no pueden trabajar en tareas relacionadas con su anterior destino. La teoría, magnífica. La realidad, más dura. Se sumaron otros altos cargos: secretarios de Estado y presidentes del Congreso y el Senado. En todos los casos se estableció que cobraran durante dos años el 80% de sus percepciones brutas. Así que si un ministro cambia de cartera no cobra indemnización. Pero, curiosamente, si pasa a ser presidente del Congreso o del Senado, la percibe como alto cargo. Y cuando deje ese puesto cobrará también la correspondiente: el 80% de sus percepciones durante dos años. IU entiende que esta discriminación no tiene sentido.

Aguirre cobra su indemnización como ex ministra de Cultura -más de 700.000 pesetas brutas al mes- y su sueldo como presidenta del Senado: unos 2,2 millones mensuales. Barrero compatibiliza el de senador -unas 700.000 pesetas- con los 1,8 millones de compensación tras dejar esa presidencia.

Sus casos no son los únicos. El PSOE compatibilizó la indemnización correspondiente a altos cargos con la percepción de los emolumentos de diputado. Afectó a Juan Alberto Belloch, Juan Manuel Eguiagaray, Carmen Alborch o María Teresa Fernández.

El propio Mariano Rajoy, en su momento ministro de Administraciones Públicas, recomendó que hubiera manga ancha en este tema para no perjudicar a los ex ministros y que pudieran cobrar su indemnización aunque supusiera una vulneración de la ley.

El mismo ex ministro de Trabajo Javier Arenas compatibiliza su indemnización como tal -unas 700.000 pesetas mensuales- con su sueldo como secretario general del PP.

A cualquier trabajador no se le compatibilizaría el cobro de una pensión de la Seguridad Social con ingresos provenientes de su trabajo, público o privado. Pero ser diputado o miembro del Gobierno, aunque se trate de un cargo al servicio del pueblo, tiene para el Legislativo una valoración distinta.

IU, a través de Ríos, ha presentado una batería de preguntas al Gobierno. Unas, referidas a esa aparente incompatibilidad. Pero las más interesantes son las que se refieren a por qué no se aplica la ley de incompatibilidades y, si no se aplica, por qué no se cambia.