Inquietud por la privatización de la arqueología urbana

La marea creciente de las privatizaciones puede alcanzar un terreno que parecía a salvo del asalto del libre mercado: la arqueología. La nueva ley de patrimonio incluye una novedad que, según diversos arqueólogos municipales consultados, puede abrir la puerta al control privado de los hallazgos históricos si la regulación posterior de la ley no lo evita. La normativa establece que son las constructoras y no los servicios públicos los encargados de pagar los estudios previos y las excavaciones, actividades en las que, en principio, no están interesadas ya que no les reportarán benficio económico alguno. "Me da miedo que desde la Administración no se puedan controlar esas excavaciones, quien paga manda", afirma el arqueólogo municipal Albert Ribera. Ante esta posibilidad, los arqueólogos municipales apuestan por mantener su función supervisora y, lejos de reducir la carga de la administración, aumentarla. "Da miedo dejar la investigación en manos absolutamente privadas". Esta afirmación, expresada por un arqueólogo municipal que prefiere no dar su nombre, resume un sentimiento que está tomando cuerpo entre el Servicio de Investigación Arqueológico Municipal (SIAM) del Ayuntamiento de Valencia debido a las novedades que introduce la ley de patrimonio. La normativa elaborada por la consejería de Cultura y aprobada el pasado verano puede dejar las excavaciones en manos de las promotoras urbanísticas si el reglamento que la debe desarrollar no especifica sistemas de control adecuados. Hasta entrar en vigor, eran los servicios municipales los encargados de sufragar los costes de las excavaciones arqueológicas -aunque en ocasiones las promotoras contribuían al gasto para acelerar los trabajos y agilizar la construcción-. El sector más interesado en conservar el patrimonio, el departamento de arqueología, era el encargado de pagar las excavaciones. La situación se ha invertido y a partir de ahora el peso recae sobre las constructoras. Edificar rápidamente El principal objetivo de los constructores consiste en edificar lo más rápidamente posible y con el menor coste, lo que choca frontalmente con los retrasos que implican las excavaciones arqueológicas. Si a este hecho se suma que las promotoras son ahora las encargadas de contratar a arqueólogos y pagarles los estudios previos -donde exponen si los restos son lo suficientemente relevantes como para excavar-, además de los proyectos de ejecución, las excavaciones y la memoria posterior, los temores de los arqueólogos son evidentes. La Consejería de Cultura se reserva el derecho final de autorizar o no las excavaciones, que según señala la ley, "se supervisarán por un arqueólogo o paleontólogo designado por la consejería".