El vicio es el sistema

Al despacho de la Facultad me ha llegado una de las hojas informativas que suelen remitir al personal docente los sindicatos implantados en el sector. El papel comentaba los proyectos de reforma de la LRU en punto a profesorado y cargaba contra la propuesta de cambiar la composición de los tribunales que juzgan los concursos de acceso a plazas de profesor funcionario, que consiste en el trascendental cambio de reducir de dos a uno los miembros del Tribunal que designa el Departamento. A juicio del sindicato en cuestión la reforma consistente en pasar de un método de 3+2 a otro de 4+1 significaba pasar de un correcto sistema de promoción del profesorado dirigido por las propias Universidades a otro entregado en manos de las mafias de área y especialidad y, por ello, suponía una propuesta cavernícola y regresiva digna de todo menosprecio. La crítica en cuestión apenas alcanza la categoría de sandez, pero revela muy bien dos cosas en verdad poco agradables: el papel que realmente desempeñan los sindicatos en la Universidad y el tabú existente en la Universidad en torno a la cuestión de los profesores funcionarios. Que una organización sindical que, para mayor inri, se pretende progresista, defienda un sistema de provisión que desapodera a las Universidades y les impide tener una política de personal, con lo que reduce a la nada la autonomía de la institución en tan delicada materia, un sistema que todo el mundo sabe que está lo más alejado posible de la provisión de puestos por mérito y capacidad, y lo más cercano posible al grupito que tiene vara alta en el Departamento y/o la "escuela" de turno, un sistema, en fin, que ha producido y produce abusos a escala industrial y generado el síntoma revelador de la endogamia, revela muy bien que la mentada y sus homólogas tienen por primera prioridad la defensa del interés corporativo, respecto del cual toda otra preocupación es secundaria. Con organizaciones sindicales así nada tiene de extraño que los claustros universitarios y sus comisiones tengan una estructura que recuerda fuertemente la representación corporativa de las Cortes de Franco, pongamos por caso. Ni que sea tan difícil que los órganos de representación resulten poseer alguna capacidad significativa de decisión política, de generar proyectos de futuro, de actuar de efectivos órganos de gobierno. La defensa de los intereses creados es su credo. Lo demás, decoración. Si una Universidad vale lo que su profesorado resulta obvio que la cuestión de su provisión es una de las cuestiones nucleares de toda política de la institución. Si la Universidad es autónoma, resulta asimismo obvio que esa afirmación requiere que la institución tenga un dominio amplio y pleno sobre aquella provisión. Y eso exactamente es lo que no sucede: el profesorado permanente lo reclutan los grupos de interés, las clientelas que dominan las áreas de conocimiento, y no la Universidad. Las razones de esa situación tienen poco que ver con el número de puestos que la Universidad de la plaza, en realidad el área de la plaza, controla en la comisión, las claves se hallan en otra parte. El sistema LRU continúa la estructura básica del anterior régimen en la materia, por ello no es de extrañar que el cambio que ha supuesto no vaya mucho más allá de la descentralización del cacicato. El sistema realmente existente se basa en cuatro elementos: en primer lugar los profesores de un área o asignaura reclutan a los nuevos profesores de la misma en régimen de monopolio (sólo hay profesores en el tribunal, y sólo hay profesores del área o disciplina), lo que hace inevitable que el sistema real no sea el concurso, sino la cooptación; en segundo lugar lo que se provee no es profesor, es una plaza singular, es mediante el acceso a plaza concreta como se accede al cuerpo, exactamente al contrario que en el resto de la función pública, uno no es profesor de bioquímica y luego es contratado u obtiene plaza en el departamento X de la universidad Y, uno gana plaza en el departamento X de la universidad Y y con ello accede al cuerpo, resulta claro que un sistema así genera "candidatos de casa" y "extranjeros" y que si la "casa" está dividida es una invitación al conflicto fratricida; en tercer lugar el personal es escaso e interconectado: los profesores que juzgan son muy pocos, los candidatos al puesto también lo son, los primeros y los segundos se conocen personalmente antes y fuera de las pruebas, y, además, existen entre ellos relaciones de intercambio desigual antes y fuera del concurso, en consecuencia aparecen patrones y clientes y los comportamientos deferentes que son de rigor; cuarto, en cada área los profesores-patrones establecen complejas e inestables redes de alianzas para intercambiar favores en forma de vetos, votos, becas y plazas, es la dinámica de esas clientelas la que determina la efectiva decisión del tribunal. En una palabra, el sistema materialmente existente se define como cooptación mediante redes de clientela. El que no está en una red, no es cliente de patrono alguno, no es en el mundo académico. Nada de extraño que el resultado no sea precisamente la provisión mediante mérito y capacidad, Kant no ganaría plaza de profesor de filosofía en nuestra Universidad, dígalo D. Emilio Lledó. Todo lo dicho es cosa sabida, pero ni las autoridades académicas lo dicen, pues dependen del voto de patronos y clientes, ni los sindicatos lo afirman, pues ello puede espantar clientela y alterar el confortable desorden establecido. No es que el sistema tenga vicios. Es que el vicio es el sistema.

Manuel Martínez Sospedra es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.