Vitoria cierra la operación que le permitirá edificar 21.074 viviendas

El alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, consiguió ayer su aspiración de concentrar en manos del Ayuntamiento la práctica totalidad del suelo urbanizable de la ciudad para el próximo decenio. El consistorio y los propietarios privados de las áreas de Salburua y Zabalgana -las dos zonas de expansión de la ciudad, al este y al oste respectivamente- firmaron ayer el acuerdo que pone en manos municipales el control sobre 6,2 millones de metros cuadrados, la extensión de 620 estadios de fútbol, donde se construirán 21.704 pisos.

La operación de Salburua y Zabalgana- 3,7 y 2,5 millones de metros cuadrados respectivamente, de los que 2,1 millones de metros ya eran municipales- aumenta el control que ya tenía el Ayuntamiento sobre suelo edificable de la ciudad. Esto no ha servido, sin embargo, para abaratar el precio de la vivienda, ya que el Ayuntamiento lo ha vendido al mejor postor para conseguir recursos.Esta política ha hecho de Vitoria la cuarta ciudad de España con los pisos más caros: el precio medio del metro cuadrado construido, que era de 116.000 pesetas en 1991, se situó en 239.000 pesetas en 1998. El acuerdo conseguido prevé una distribución del aprovechamiento edificatorio del suelo entre el Ayuntamiento, el 60%, y los propietarios, el 40% restante. Este último porcentaje significa que la construcción de 8.681 viviendas queda en manos del sector privado. De este volumen, 6.511 serán libres y 2.170 de protección oficial de segmento alto, categoría que incluye un tipo de pisos que actualmente cuestan 15 millones de pesetas. Las libres incluyen 1.302 viviendas unifamiliares, con una superficie construida de 150 metros cuadrados de promedio, y 5.209 colectivas, de 115 metros de media. En cuanto al volumen edificatorio que corresponde al Ayuntamiento asciende a 13.022 casas, de las cuales 4.340 serán sociales, de ocho millones de pesetas, y 8.682 corresponderán al segmento medio, con un precio aproximado de 12 millones. Cargas y derechos El pacto incluye la obligación de los propietarios de costear la mitad de los gastos de urbanización y equipamiento sociocultural de todos los terrenos, cifrados en 42.000 millones de pesetas. En este importe no se contempla el coste del parque temático que el Ayuntamiento proyecta levantar en la zona y que correrá exclusivamente a su cargo. El coste de los trabajos de urbanización corresponde a los propietarios y se distribuirá entre éstos en proporción al número de viviendas que se les adjudique. El importe no podrá exceder de 1.875.000 pesetas por cada piso, incluídos los gastos necesarios para convertir en urbanos los terrenos, como acometidas de suministros y alumbrado, los derivados de la instalación del mobiliario urbano, elementos de ornamentación y colocación de obras de arte en vías y espacios públicos. También se computarán las indemnizaciones a propietarios de edificios que hayan de derribarse y el coste de redacción y tramitación de planes parciales. Para los equipamientos comunitarios, la cantidad que deberán aportar es de 625.000 pesetas por vivienda. A cambio de estas prestaciones, una cláusula del convenio prevé la libertad de los particulares para vender y adjudicar las viviendas libres, tanto colectivas como unifamiliares, sin ninguna limitación de precio. En cuanto a las casas de protección oficial, las podrán construir o adjudicar a quien consideren preciso, con el único limite del precio fijado para este tipo de vivienda por el Gobierno vasco. Tras su firma, el pacto será ahora ratificado por la Corporación en el pleno que se celebrará el viernes, y en el que los partidos firmantes, PNV y UA, tienen la mayoría. La oposición no ha recibido bien el pacto entre el Ayuntamiento y los dueños de Salburua y Zabalgana. El concejal y candidato del PP a la alcaldía, Alfonso Alonso, cree que el acuerdo no resolverá el problema de la vivienda que sufre Vitoria. Mientras, el portavoz de urbanismo del PSE, Patxi Lazcoz,opina que el pacto hipotecará la capacidad de decisión de las próximas corporaciones. Para María Ángeles Gutiérrez, de IU, el control municipal del suelo no implica necesariamente, como se ha comprobado, que los pisos vayan a bajar de precio. Por su parte, los propietarios deberán confirmar su adhesión al convenio en una asamblea que podría celebrarse el próximo martes.