La Comunidad tutela a 500 adultos incapaces de regirse solos

El Gobierno regional es el tutor de 500 adultos madrileños con problemas mentales que no pueden regirse por sí mismos y tampoco disponen de familiares que puedan o quieran hacerse cargo de ellos. Es la Agencia Tutelar de Adultos de la Comunidad de Madrid la que, una vez que los jueces han dictado la incapacitación legal de estos ciudadanos, se encarga de gestionar su patrimonio, sea éste una pensión o bienes más cuantiosos, y de velar porque tengan las necesidades básicas cubiertas. En la región hay otras 3.000 personas con estos mismos problemas pendientes de la sentencia judicial que les asigne tutor.La Agencia ampara a personas con demencia senil, enfermedad mental o discapacidad psíquica. Su director, Fernando Asenjo, explica que es el grupo de mayores con demencias el que más está aumentando.

Los casos llegan a la fiscalía a través de las familias o de los servicios sociales y son los jueces especializados en estos temas los que, a partir de informes médicos y sociales, determinan si hay que proceder a la incapacitación legal de la persona para evitar que alguien abuse de ella o dilapide su dinero. Si no hay familiares dispuestos, los jueces designan como tutor a la Agencia o a otras fundaciones, como Futumad, relacionadas con asociaciones de discapacitados.

Desde 1989

Los servicios de tutela de adultos nacieron en Madrid en 1989 para dar respuesta a las situaciones de los discapacitados desamparados. Pero no cobraron auge hasta que en 1995 se constituyó la Agencia y se la dotó de un presupuesto, que este año ronda los 175 millones. En ella trabajan 25 personas, entre las que hay asistentes sociales y abogados.

El cometido de los trabajadores sociales es velar por unas condiciones dignas para los tutelados, lo que suele suponer buscar para ellos una residencia de ancianos o un centro psiquiátrico, ya que sólo un 20% de ellos siguen viviendo en su domicilio.

La administración del patrimonio de los usuarios es otro de los cometidos básicos de la Agencia. La inmensa mayoría son personas con una pensión y, a lo sumo, un piso en propiedad. Pero hay cuatro o cinco casos de tutelados con grandes bienes lo que hace que el patrimonio administrado por la Agencia ascienda hasta los 4.000 millones. "La gestión de los bienes de los tutelados es la principal causa de conflicto con las familias", explica Asenjo.

Existen agencias institucionales de tutela de adultos similares a la madrileña en Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía. En el País Vasco y Cataluña ese cometido lo desempeñan fundaciones creadas por asociaciones de discapacitados.

Hasta la reforma del Código Civil en 1983, las instituciones públicas no podían ejercer la tutela de adultos y ese cometido lo desempeñaban los directores de residencias y psiquiátricos.