Antiguos y menores

SEGUNDO BRU La semana se cierra con el clima de evidente nerviosismo que recorre las filas del PP no tanto ante la embestida socialista y su mapa de la corrupción popular como por la constatación de que los medios de comunicación, tan decisivos en esta democracia demoscópica, se han hecho eco ampliamente -y lo que es peor, de forma persistente y no sólo puntual- de las acusaciones vertidas. La respuesta del PP ha sido un remake de situaciones anteriores con alguna innovación desafortunada, puesto que tras la esperada y rotunda negativa y el consabido "!tú más!" otros portavoces, incluido el propio Aznar, han ido más lejos y han formulado una peligrosa teoría según la cual el PSOE no está legitimado -pese a su representación parlamentaria respaldada por nueve millones de votos- para denunciar escándalos populares ni controlar irregularidades del gobierno debido al lastre de sus pecados de atrás, que en este caso sí son de su vida pasada. Al tiempo que otros minimizaban los posibles casos de corrupción popular reputándolos como hechos "antiguos y menores". Curiosa línea defensiva que ignora hechos tan obvios como los años transcurridos entre alguno de los principales escándalos de la época socialista y su posterior detonación así como que la cuantía de los mismos no fue tan decisiva en el rechazo social como la repugnancia moral que suscitaron. En el fondo lo que aflora nuevamente es la concepción instrumental de la democracia, contemplada sólo como un medio de alcanzar el poder, que caracteriza a la derecha española. Uno de cuyos corolarios resulta en que si no se ha podido cumplir el objetivo, diseñado y perseguido conjuntamente con el sindicato del crimen mediático, de aniquilar al adversario socialista hay que impedir su capacidad de acción política. En otras palabras, se utiliza ferozmente la corrupción casi como único argumento para conseguir desplazar al anterior partido gobernante y posteriormente se sigue usando para deslegitimarlo en sus actuaciones como oposición. Lo cual que nos llevaría, dado el carácter testimonial de IU y el inmanente antisocialismo de Anguita, a una situación de auténtica impunidad del gobierno popular. Y si los contumaces socialistas no asumen el papel que el PP les asigna resultan ser culpables, además, de resucitar el clima de crispación. Aunque Borrell ya ha roto por fin con esa especie de tradición judaica precristiana y, negándose a pechar con los pecados de sus padres, se considera perfectamente capacitado con su limpio historial gubernativo para ignorar la chulería parlamentaria de Aznar y seguir con sus denuncias y acusaciones. Un auténtico huevo de Colón político al que inexplicablemente el PSOE ha tardado mucho en llegar y que, en nuestro ámbito, puede ser especialmente significativo. Véase si no la ciudad de Valencia donde 12 años de gobierno socialista no han dejado mácula alguna, mientras que antes de acabar su primer mandato la alcaldesa Barberá ya había perdido varios concejales forzados a dimitir por sus corruptelas descubiertas y denunciadas por la anterior oposición municipal, cuyos sustitutos podrían, por lo menos, desempolvar las ejemplares historias de Gascó y Cardona. O el asunto de Martínez de León, con la inevitable intervención de Zaplana, experto en el arte de comprar concejales. Un Zaplana que tras los casos Naseiro, Benidorm y Cartagena, tiene los pies de barro frente a la impoluta trayectoria de Lerma en sus 13 años de presidencia.