Comparación odiosa
En declaraciones a Diario 16 (miércoles, 10 de marzo) el ministro de Industria acusa a José Borrell de comportarse como el fiscal Starr y "entrar en la vida privada y particular de las personas". Dice textualmente que "no deja de resultar curioso que todo un candidato a la presidencia del Gobierno entre en este tipo de comportamiento".Muy poco convencido tiene que estar el señor Piqué de la honorabilidad de su conducta para hacer uso de una comparación como ésta. Pues el ministro no puede desconocer cuál ha sido el comportamiento del fiscal Starr en su investigación del presidente Clinton. El señor Starr fue nombrado fiscal especial para investigar un escándalo inmobiliario en Arkansas cuando Clinton era gobernador del Estado. Se trataba, por tanto, de la investigación de un caso de posible corrupción política con alcance económico. Fue al no encontrar ninguna prueba incriminatoria contra los Clinton cuando el fiscal Starr aprovechó que Paula Jones tenía interpuesta una demanda civil contra el presidente para desviar su investigación hacia la vida privada de Clinton en general y su vida sexual en particular. El resto es sobradamente conocido.
Nada tiene que ver este comportamiento del fiscal Starr con el del candidato socialista a la presidencia del Gobierno ni con el de nadie en España. Aquí nadie está interesado en investigar la vida familiar y las preferencias sexuales del señor Piqué. Lo que se ha suscitado es la conveniencia de una investigación parlamentaria sobre el comportamiento empresarial del señor Piqué y sobre el grado de cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda pública antes de ser ministro y sobre su dirección del Ministerio de Industria desde su incorporación al Gobierno. Éstas son cuestiones públicas, de interés general para los ciudadanos. Los ministros no nacen ministros. Los ministros llegan a ser ministros. Y lo que han hecho en su trayectoria profesional antes de ser ministros no pertenece a su vida privada exclusivamente, sino que tiene un interés público evidente. Un comportamiento irregular o la mera apariencia de comportamiento irregular al frente de una empresa o la apariencia de un inadecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias es materia que debe ser investigada. Y los ciudadanos tienen derecho a recibir información sobre el resultado de dicha investigación. Esto no supone intromisión alguna en el derecho al honor o a la intimidad personal del señor ministro. Es una exigencia de la política en democracia y nada más.
En el caso del señor Piqué, dar cumplimiento a esta exigencia está más que justificado. El portavoz del Gobierno viene siendo presentado desde hace varios meses como el "modelo" a imitar, como la personificación del viaje al centro del PP. No es en este sentido un dirigente político más. En consecuencia, el canon con que debe ser analizada su conducta tiene que ser mucho más exigente que el que normalmente se utiliza en la vida pública. El escrutinio de la conducta de un dirigente político tiene que ser directamente proporcional a su relevancia pública.
Y es un escrutinio que puede y debe extenderse a la actividad privada de carácter profesional del ministro antes de serlo. La afirmación del señor Piqué de que "no tiene que responder en el Congreso sobre su actividad privada" no tiene encaje en un sistema político democrático. Lo que él hizo como presidente de Ercros y como propietario con su esposa de Loreto Consulting es lo suficientemente sospechoso como para que sea investigado y para que sepamos qué tipo de empresario y de profesional era el señor Piqué. Entre otras cosas porque Ercros acabó teniendo un tratamiento privilegiado tras la incorporación del señor Piqué al Gobierno y porque en su gestión del Ministerio de Industria parece comportarse con el mismo desenfado con que se comportaba como empresario privado.
El problema con el señor Piqué es que parece haber convertido el abuso en uso, es decir, en su norma de conducta. Como empresario privado primero y como gestor público después. Y esto, como decía Ortega, es uno de los peores males que pueden aquejar a una sociedad. Si las comisiones de investigación no están para esto, entonces ¿para qué?
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