La Cámara recurrirá la ley de Sierra Nevada al Constitucional

El Parlamento aprobó ayer por 61 votos a favor (socialistas, Izquierda Unida y andalucistas) y 31 en contra (populares) interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de creación del Parque Nacional de Sierra Nevada, aprobada en el Congreso el 11 de enero. El recurso se realiza por considerar que "invade" competencias autonómicas. La demanda implica la ruptura de la unanimidad política con la que nació el proyecto, cuya ley estatal fue impulsada por la Cámara autonómica. El recurso impugnará siete artículos y una disposición de la ley de Sierra Nevada por considerar que infringen los artículos 149.1.23º, 156 y 158.1 de la Constitución, los artículos 13.1, 13.7 y 15.1.7 del Estatuto de Autonomía y el artículo 1.1 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). En su exposición de motivos, los socialistas, autores de la propuesta de interposición del recurso, cuestionan la constitucionalidad del modelo de gestión propuesto en la ley, que encomienda a una comisión mixta compuesta paritariamente por representantes de los gobiernos central y autonómico y en la que "el Estado se coloca a nivel de igualdad con la comunidad autónoma". Acusación de centralismo La socialista María del Mar Román criticó la "visión centralista" del PP y afirmó que el Gobierno central "no hace más que pisar a Andalucía". La ley, dijo la portavoz del PSOE, sitúa a la comunidad "en posición de inferioridad" y es otro ejemplo de cómo el Ejecutivo central "falta el respeto una vez más a Andalucía, porque no le sigue el juego al señor Aznar". Ildelfonso Dell"Olmo, del PA, propuso una especie de boicoteo al defender que la Junta no nombre a sus representantes en la comisión mixta que gestionará el parque. La propuesta de recurso fue apoyada a regañadientes por Izquierda Unida, que argumentó a través de una enmienda un motivo más para acudir al Constitucional. Francisco Ríos (IU) dio su voto favorable a la demanda, aunque su intervención la centró, más que en criticar la ley estatal, en la política medioambiental del Gobierno autonómico, que calificó de "juzgado de guardia". La portavoz del PP, Beatriz Martín Ovando, se quedó sola en la defensa del texto aprobado por el Congreso y afirmó que los socialistas interpretan de manera "torcida" la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En su opinión, la propuesta de recurso del PSOE no responde a motivos políticos "sino partidarios" y aseguró que los socialistas pretenden "copar un área más de mangoneo".