Las asociaciones andaluzas de minusválidos apoyan la normativa y la califican de "un gran paso adelante"

"Un gran paso adelante". Así califican las asociaciones de discapacitados la ley aprobada ayer en el Parlamento andaluz, que beneficiará a más de 60.000 personas con minusvalías de la comunidad autónoma. Para estas organizaciones, la norma tiene varios méritos: responde a las inquietudes del colectivo porque ha sido consensuada con las asociaciones, considera al minusválido como un trabajador potencial y aborda la problemática de todos los discapacitados, tanto psíquicos y físicos como sensoriales. "Hacía falta una ley así. Parece que tiene todos los mecanismos necesarios para tener éxito", sentenció María Angeles Cózar, presidenta de la Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos (CAMF). Cózar no quiso entrar en polémica, pero deslizó una crítica a la abstención del PP al sostener que "siendo una ley social avanzada, era un buen momento para el consenso". La norma viene a llenar un vacío que desde hace muchos años han señalado estos colectivos. Establece un régimen sancionador para los incumplimientos del Decreto de Barreras Arquitectónicas, aprobado en 1992 pero vulnerado de manera sistemática porque carecía de instrumentos para forzar su aplicación. Ahora no sólo se establecen sanciones, sino que se estipula que los recursos que se obtengan se integren en un fondo para acometer planes de accesibilidad. "Todos estos años han demostrado que la sanción era necesaria", apuntó la presidenta de la Confederación. Hay un segundo apartado que las organizaciones de discapacitados consideran un gran logro: el subsidio de habilitación. Una persona con una discapacidad inferior al 33% no es minusválida. A partir de ese porcentaje sí se la considera dentro del colectivo, pero sólo a partir del 65% cobra una pensión. El subsidio viene a cubrir la franja entre el 33% y el 65%. La cuantía y el tiempo están aún por determinar. "Lo importante es que ese subsidio obliga a una contraprestación, que es la formación. Es decir, que se considera al minusválido como un potencial trabajador", resaltó Rivas. El tercer punto que es saludado con beneplácito por los colectivos es el cambio introducido en las ayudas individuales. "Por ejemplo, para comprar una silla de ruedas o adaptar una vivienda. Hasta ahora eran graciables, se podían denegar por falta de presupuesto. Ahora todo el que reúna los requisitos tendrá derecho a ellas", aclaró el portavoz de los minusválidos andaluces. El cuarto logro que destacan se refiere al ámbito laboral. La legislación vigente establece una reserva de cupo para trabajadores minusválidos del 3% en las empresas públicas y del 2% en las privadas. Esta disposición se vulnera fundamentalmente en las empresas privadas. "Ahora ese cupo, sólo en los casos que se justifique, se podrá canjear por recursos que irán a un fondo para fomento de empleo", aclaró Rivas.