El Síndic critica a la Generalitat por no haber actuado en defensa de los "niños de la calle"

El síndic de greuges, Anton Cañellas, rechaza con rotundidad el argumento del vacío legal en el que se han escudado las administraciones, entre ellas la Generalitat, para justificar su inhibición inicial en la problemática de los niños magrebíes indocumentados que viven en situación de total desamparo en los suburbios de Barcelona. En su informe anual de 1998, que ayer al mediodía entregó en el Parlament, Cañellas señala que la ley catalana sobre la infancia obliga a proteger a cualquier niño que resida en Cataluña, independientemente de su origen y de la complejidad de su situación.

El Síndic aplaude el acuerdo interinstitucional impulsado por el Departamento de Justicia de la Generalitat, del que depende la Dirección General de Atención a la Infancia, para afrontar la problemática de los niños de la calle de forma coordinada entre las administraciones locales, la policía, la fiscalía, la Delegación del Gobierno en Cataluña y las organizaciones no gubernamentales (ONG). Sin embargo, Cañellas insinúa que este acuerdo llega tarde y lamenta que el Departamento de Justicia no hubiera aplicado un plan de emergencia para garantizar la atención y protección inmediata de estos niños desamparados. "El tiempo transcurrido desde que el fenómeno se evidenció, que estos menores han pasado en la calle, sin tener resueltas sus necesidades, sin acceso a la educación y sin adultos de referencia válidos, todo ello ha ampliado las posibilidades de que hayan sido objeto de abuso y de que su evolución negativa no tenga retorno", señala el Síndic en su informe. Según Cañellas, el no haber actuado con la inmediatez debida no tiene justificación en el vacío legal que esgrimió el Departamento de Justicia tras conocerse la existencia de estos niños inmigrantes desamparados. El Síndic asegura que tal vacío legal no existe y se remite a la ley catalana 8/1995 de 27 de julio, que "dice claramente" que su objetivo es "la atención y protección de los niños y adolescentes que residen o se encuentran en territorio de Cataluña". El Síndic señala que estos menores indocumentados son, en primer lugar, niños y adolescentes, y han de ser protegidos como tales. "Lo que vale para los menores de Cataluña vale también para los integrantes de este colectivo", asevera Cañellas. No son delincuentes El Síndic cita también los apartados de la ley de infancia en los que se afirma que todos los niños deben ser tratados por igual y que no pueden ser objeto de discriminación por razón de raza, sexo, idioma o religión. "En ningún caso se puede tratar como delincuentes o infractores a estos menores, que deben ser protegidos independientemente del grado de complejidad que esta protección requiera". De no ser así, "el tipo de vida que llevan les conduce inevitablemente a cometer delitos para sobrevivir", advierte el Síndic, que expresa su preocupación por el hecho de que tras descubrirse la existencia de estos niños se hablaba más de contención y endurecimiento de medidas que de educación y comprensión de la realidad de este colectivo. PASA A LA PÁGINA 5